jueves, 28 de diciembre de 2017

Apostillas al documento presentado por Iceta al Duodécimo Congreso del psC. V

Qué curiosa criba de personajes, de entonces acá, ha sufrido el Partido...
Sigamos con la quinta entrega de las apostillas de base al discurso político...

El socialismo democrático tiene que saber *recoger los cambios económicos, sociales y culturales para asimilarlos y poderlos gobernar, revitalizar los valores que nos identifican, innovar radicalmente nuestras propuestas y nuestras formas de organización y actuación, e impulsar, en este nuevo contexto, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la defensa de la igual dignidad y **el reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas.
         *En la coletilla de esta frase: “y poderlos gobernar” se trasluce con asombrosa claridad el espíritu intervencionista y prepotente de quien se siente llamado a organizar la realidad desde una concepción del poder casi absolutista, algo que ya se manifestó en la redacción de la pseudocartamagna catalana, puesto que en todo lo relativo a la nacionalidad catalana se ha optado por actuar políticamente desde el simulacro, desde la ficción, antes que desde la realidad. Trasluce, así mismo, el miedo a la libertad ajena y el desamparo ante lo desconocido y, por ello mismo, temido. Esos cambios, tópicamente adjetivados, con la tríada inexcusable del pseudodiscurso político–económico-social-cultural–, se manifiestan, como ha ocurrido con el 15-M, al margen de la capacidad de los partidos para “asimilarlos y poderlos gobernar”, y a la que sospechan esa intención, salen por piernas de la cercanía de los partidos que se les acerquen. Otro tanto ocurre con movimientos como los antidesahucio, los ecologistas, etc.
         **Las coletillas de relleno tienen eso, que aumentan el volumen del mensaje, pero ya se incurre en la redundancia ya en el sinsentido, cada vez que nuestras buenas intenciones no nos dejan percatarnos del alcance exacto de lo afirmado. Que todos seamos iguales ante la ley es algo recogido en la Constitución, y que no necesita mayores impulsos. Que todos los derechos sean exactamente iguales es una afirmación arriesgada, porque parece que la frase dé pie a iniciar una competencia entre derechos que no tiene ningún sentido, excepto que lo que se quiera afirmar es que todos somos iguales porque todos tenemos derechos y esos derechos son iguales entre sí, algo, como ya decía, discutible, y más en estos tiempos de plena expansión de derechos y drástica restricción de deberes. Poner en pie de igualdad derechos como el que garantiza la propiedad privada y el inejercible del de la vivienda digna, por ejemplo, suena casi a sarcasmo. ¿No se trataría, antes bien, de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos reconocidos en las leyes?
Para conseguirlo hay que atacar frontalmente la carencia mayor y más urgente que tenemos: la necesidad de renovar profundamente nuestros planteamientos en materia de política económica y fiscal. La provisión universal de servicios públicos de calidad, la reducción de las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales, el ofrecimiento de oportunidades a todos y la erradicación de la pobreza no dependen sólo de mecanismos de transferencia de renta desde las “clases acomodadas” a los “perdedores” de las grandes transformaciones económicas, pero es evidente que en el centro de nuestra reflexión económica habrá que situar una profunda reforma fiscal. *La prioridad es también incorporar a los sectores más débiles de la sociedad en unas mejores condiciones a una economía que tiene que crecer de forma sostenible. Así, la inclusión social tiene que ir vinculada a una política de modernización, competitividad y crecimiento económico, en la que el capital humano, la formación, la investigación y la innovación tengan un papel central.
         *Es admirable el repertorio de buenas intenciones que se puede desplegar cuando de lo que se trata es de “quedar bien” políticamente, de decir lo correcto, lo que se espera y aun lo que se desea que ocurra, independientemente de que tengo poco, algo o nada que ve con la realidad. Afirmaciones como “que tiene que crecer de forma sostenible”, cuando ese crecimiento depende de la acción de terceros a los que, por otro lado, no se les dan los instrumentos legales necesarios para crear empleo, suena a mensaje vacío, pero congruente con los principios ideológicos, aunque incongruente con la realidad. Vincular la inclusión social a políticas como las reseñadas es un contrasentido casi absoluto, porque los sectores más débiles son precisamente aquellos que nada tienen que ver ni con la formación ni con la investigación ni con la innovación. Se trata, por lo tanto, de idear otros planes de inclusión que pasen, en efecto, por la formación, a niveles básicos, y la reorganización del mapa del trabajo en España, acentuando la necesidad imperiosa de la movilidad laboral, por ejemplo.
Avanzar hacia un nuevo paradigma de política económica implica también *un nuevo conjunto de regulaciones e incentivos a la inversión y a la producción, que contribuyan más a **una prosperidad sostenida al alcance de todos. En este momento la renovación ecológica de los patrones de producción y de consumo es inevitable, y eso tiene que proporcionar  también un gran impulso al crecimiento económico. Tenemos que saber maximizar la prosperidad satisfaciendo los criterios de sostenibilidad ecológica y social. Y para ello hacen falta ajustes y reformas para recuperar la competitividad y garantizar el mantenimiento y consolidación de los avances sociales conseguidos. ***Unas reformas que pasan por el acuerdo social y también por la introducción de mecanismos de cogestión en las empresas, que promuevan la participación efectiva de los trabajadores y sus organizaciones representativas en los órganos de dirección empresarial.
         *Así unidos, los conceptos “regulación” e “incentivos”, el mensaje que le llega al emprendedor es la decantación socialista hacia el primero: el intervencionismo; asegurarse un control exhaustivo de la vida empresarial que, al final, la acaba asfixiando. Si por algo se caracteriza nuestro país es, precisamente, por la falta de dinamismo de la actividad económica, lo cual en modo alguno implica que no haya de ejercerse un control sobre las actividades económicas, todo lo contrario. Pero cuando las regulaciones se vuelven más un factor de disuasión de emprender un negocio que de protección del consumidor o del medio ambiente, ¿de dónde saldrá la riqueza que se quiere repartir?
         ** La “prosperidad al alcance de todos” es, de nuevo, una ingenua petición de principio, porque ¿cómo es posible dar por supuesta la prosperidad si ciertas regulaciones disuasorias la hacen imposible? Por otro lado, la simplicidad de que esa prosperidad esté “al alcance de todos”, como si nuestra participación en ella no dependiera de nuestro esfuerzo individual, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Que somos hijos del estado paternalista que velará por nosotros, cubriendo nuestras necesidades pero controlando nuestras vidas?
         *** Hay mantras que se repiten como si tuvieran un poder incuestionable. Entre ellos está el del “acuerdo social”. Es obvio que la políticas basadas en acuerdos de los actores sociales son siempre las mejores, pero no es menos cierto que no siempre se consiguen. Ahí está el último desacuerdo entre sindicatos y patronal sobre la negociación colectiva para atestiguarlo. Que la actividad sindical sea de “cogestión” de las empresas no deja de ser un ideal, pero para que eso suceda así primero han de darse algunos cambios de mentalidad que aún no se han producido. La idea de que la empresa es del dueño y de que yo sólo he de defender mis intereses como trabajador me parece una de las principales rémoras de nuestro país. ¡Ojalá pudiera llegarse a la cogestión! Para ello han de cambiar no poco las mentalidades de los sindicatos y de los patronos.
*Pero las reformas no pueden ser sólo locales, tienen que ser globales. Por este motivo hay que reivindicar al mismo tiempo una Europa federal capaz de defender el modelo social europeo y de impulsar una verdadera gobernanza económica común, y una nueva regulación de los mercados globales para asegurar que la economía esté al servicio de las personas y de las sociedades.
         * Con todos mis respetos: bla, bla, bla…, más una apostilla: ¿De verdad que la economía no está también al servicio de las personas y las sociedades? Pensar en términos dicotómicos: economía por un lado y personas y sociedad por otros, revela un pensamiento casi primitivo, a fuerza de simplificación demagógica. Se precisan análisis más finos que revelen las contradicciones reales de nuestras sociedades, no lemas de rebotica agitadora que apestan a naftalina.
Hay que situar en el centro de nuestra reflexión y de nuestra acción cuestiones como, entre otras, *Renta Básica de Ciudadanía, la fiscalidad ecológica, la introducción de **tasas sobre las transacciones financieras, la limitación de los beneficios empresariales cuando se produzcan ajustes de plantillas o deslocalizaciones, ***la limitación de las retribuciones de los directivos que tienen que estar también fuertemente condicionadas por la marcha de la empresa, la introducción de cláusulas sociales y ecológicas en los acuerdos internacionales de libre comercio, la lucha contra el fraude fiscal,**** la introducción de mecanismos de garantía hipotecaria que preserven la vivienda de residencia habitual, la recuperación y revisión del impuesto sobre el patrimonio, una regulación estatal del impuesto de sucesiones para evitar una competencia fiscal a la baja, la eliminación de los paraísos fiscales o la penalización de los movimientos especulativos.
         *Esto suena al viejo adagio de comenzar la casa por el tejado, lo que priva a propuestas semejantes de cualquier viso de verosimilitud. ¿No resulta más oportuno sugerir cómo y dónde se va a crear la riqueza que permita esa “Renta básica de ciudadanía”? Damos por supuesto que el estado del bienestar es el de la redistribución de la riqueza, pero ¿qué ocurre cuando esa riqueza no es sino un arsenal de deudas que nos tiene agarrados por el cuello, hipotecados de por vida? La magnanimidad rumbosa de los buenos sentimientos tiene mucho que ver con un ancestral discurso español de oposición al trabajo que nos ha llevado a no considerar éste como un valor sólido de nuestras costumbres, quizás por las excesivas injusticias que comporta, entre las cuales los misérrimos sueldos no son con mucho la peor. A guisa de ejemplo expongo el caso del anuncio de las loterías de la Generalitat: un  despertador chafado. ¿Dónde queda el proverbial amor al trabajo y a la “feina ben feta” de los catalanes? Arrumbado como una reliquia ante ese menosprecio godo del ganarse la vida con el propio esfuerzo.
         ** ¿Tasas sobre transacciones financieras que se convierten en aumentos de los costes que gravan el consumo y que acaban pagando, en buena lógica, los usuarios de la banca, como un impuesto mediante intermediario? ¿Acaso no somos todos, en mayor y menor medida usuarios de ella?
         ***Extraña sobremanera esa obsesión por limitar el sueldo de quienes libremente contratan una remuneración y la ausencia radical del mismo cuando de lo que se trata es de los sueldos de los políticos, que gobiernan unas “empresas” endeudadas hasta las cejas y con unas expectativas de beneficios nulas. Abrir ese melón electoral implica llenarse inocentemente de tanta vergüenza que más valdría abstenerse de meterse en la tópica camisa de once varas. El miserable espectáculo de las regalías políticas, los sueldos sobredimensionados, los privilegios, etc., sí que merecen una reflexión y, al modo católico, un examen de conciencia, un impulso de contrición y un propósito de enmienda. No es posible, políticamente, seguir predicando lo contrario de lo que se practica e incluso posicionarse contra usos que, en última instancia, responden a la libertad de contratación y ponen en juego recursos generados en el ámbito privado. Otra cosa es que hablemos de empresas financiadas con dineros públicos, por supuesto.
         **** Es obvio que un informe como el presente no es el lugar idóneo para explayarse en qué consistirían esas garantías; pero no es menos cierto que nadie  firma un contrato hipotecario con la amenaza de una pistola en la sien, aunque es probable que se haya podido abusar de la hipotética ingenuidad de algunos adquirentes, aunque para la firma de los contratos sólo se requiere el consentimiento de los firmantes mayores de edad y el compromiso de cumplir lo pactado en el contrato. ¿No es sospechoso de demagogia que en ningún momento se hable de la irresponsabilidad individual de quienes han querido vivir por encima de sus posibilidades y han firmado lo que objetivamente era un despropósito financiero individual o familiar? Establecer esa garantía me parece un mensaje equivocado que no va en la línea de fomentar la responsabilidad individual, sino en la tristemente tópica de poner parches a situaciones que requieren otros planteamientos. En cualquier caso, es cierto que hay innumerables fórmulas de renegociación de la deuda individual que deben explorarse para evitar desahucios que son expulsiones a la marginalidad y al fracaso vital.

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