La "fallida" secesionista...

Un conflicto entre la democracia española y el totalitarismo del Movimiento Nacional catalán

Vivimos ahora mismo un curioso tiempo de interregno parlamentario que coincide con el apogeo del movimiento totalitario que aspira a instaurar una dictadura nacionalista de pensamiento único en Cataluña, tierra plural donde las haya, aunque sometida a una dictadura mediática de lo políticamente correcto que, a lo largo de casi 30 años de ocupación del poder, ha sido hecho coincidir con las aspiraciones identitarias de carácter xenófobo que avergüenzan a cualquiera que comparta mínimamente los rudimentos de la democracia tal y como se entiende en la propia España constitucional y en  los países de nuestro entorno. Desde hace ya cinco años la escalada secesionista ha ido preparando un asalto al Estado que, a mi modo de ver, ha hecho perder a sus impulsores el sentido de la realidad, porque andan, esos activistas a sueldo de los presupuestos públicos -los dineros de todos-, confiados en su famoso "ara sí" que acabará seguramente en un buen puñado de oraciones ante las aras de los templos pidiendo que llegue esa independencia que de estar "a tocar" se convertirá en un cometa como el Haley, de espaciadísimas apariciones ante los ojos de los terrícolas. Tras el bochornoso espectáculo vivido en el Parlamento catalán por parte de una mayoría de escaños que no refleja, paradójicamente, la minoría de votos a la que representan -gracias a la ley electoral española a la que se acogen de mil amores, porque una ley propia (Cataluña es la única comunidad autónoma del estado español que no tiene ley electoral propia, como es bien sabido...) les dejaría sin esa mayoría de la que tanto se ufanan-, esa mayoría parlamentaria ha decidido cerrar a cal y canto el Parlamento a la espera de lo que ocurra el pregonado 1O en el que habrá, al decir de los secesionistas totalitarios, un supuesto choque de legalidades, y, al decir de los constitucionalistas, la prohibición de ese intento de referéndum que incumple todos los requisitos que, para ser considerado como tal, establecen los más reputados organismos internacionales, como la Comisión de Venecia, por ejemplo. Así pues, y a pesar de que las leyes españolas están más que vigentes, y con arreglo a ellas se juzgará a quienes las están violando y ultrajando, los golpistas secesionistas creen que vivimos en la legalidad de una ley de Transitoriedad que nos llevaría a los catalanes, con un puñado de síes que surjan en esas urnas de cuya presencia en los colegios electorales aún se duda con bastante credibilidad, nada menos que a establecer de facto e ipso facto una República Catalana.  Esta situación reverdece en la memoria aquel interregno que significó la Guerra Civil en los pueblos de Aragón en los que los anarquistas establecieron su ideal de la sociedad sin estado, algo que reflejó, para vergüenza fílmica ajena, Ken Loach en Tierra y libertad, en la que las discusiones de los anarcosindicalistas, tan sonrojantes, están a la altura de lo que hoy oímos a activistas de la supuesta ultraizquierda, diseminados por un abanico de entidades políticas que más forman un  guirigay que un frente popular. Quiere pues, el gobierno de un Presidente de la Generalidad no escogida por los ciudadanos en las urnas, que nos sintamos cómodos en este interregno autoritario y delictivo, porque va a ser, nos dicen, el trampolín para la DUI y la convocatoria de las futuras elecciones constituyentes de la nueva república. Como se advierte, por la descripción, nos movemos en la política-ficción vendida con la garantía de hecho consumado, y ahí es cuando comienzan a suscitarse todo tipo de interrogantes acerca de la viabilidad de este tercer conato, desde 1934, de proclamación de una república independiente catalana en España. La imprudencia y el populismo de honda raigambre fascista de los dirigentes que nos han puesto en esta situación es posible que se traduzca en un apartamiento judicial de la vida política de esos dirigentes y que todo acabe en la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas a las que ninguno de ellos, probablemente inhabilitados, se podrá presentar. El gobierno hará bien en garantizar, sobre todo, el orden público, cuya degradación fue causa de tantos males en la Segunda República, al decir de Payne. Y la política de paños calientes seguida por el indolente Presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, una vergüenza democrática en el poder, por cierto, es probable que solo consiga enconar la situación. Se ha de pasar por ello y se ha de dejar claro que frente a las amenazas golpistas ha de prevalecer la ley, igual para todos. Si el inefable Homs, tan dicharachero antes, tan callado ahora, nos amenazó con el hundimiento de la democracia española si el salía condenado, ¿cómo tomar en serio esas supuestas y bobaliconas amenazas de que "Europa no permitirá que..." tan en boga en boca de delincuentes que han perpetrado un golpe de Estatuto y un golpe de Estado en dos sesiones que han quedado para el archivo de las infamias contra la democracia. Vivimos, pues, tiempos de tensa espera y de cruce de declaraciones, amenazas, juramentos, chulerías, desplantes y ni se sabe cuántas escenificaciones de la impotencia de unos y el temor de los otros a activar el victimismo que condicione negativamente la única salida posible: las elecciones autonómicas. En fin, que estamos entretenidos, es cierto; pero, a decir verdad, es posible que estuviéramos más tranquilos si, además, hubiera, ya, algunos detenidos.