lunes, 8 de julio de 2013

La desorientación pseudofederal del PSOE


Fisking al proyecto federalista del PSOE, nacido a remolque del promovido por el psC (Primera parte)


1. Los orígenes del Estado Autonómico están ligados a la democracia misma.
No era posible construir la arquitectura democrática de España sin atender
la demanda del autogobierno que expresaban las nacionalidades que ya
conquistaron la autonomía en el período republicano (Cataluña-Euskadi
y Galicia) y sin contemplar un modelo territorial que pudiera ofrecer una
descentralización política semejante al resto de los territorios, (algunos de
los cuales también habían iniciado ya un proceso hacia la autonomía en
aquel período) con iguales o parecidos deseos de autogobierno y con su
propias motivaciones políticas, económicas o identitarias para ello.

De estos tres tipos de motivaciones, el más llamativo es el de las “identitarias”, porque presupone, de facto, un consenso universal sobre los rasgos de esa identidad que no hay por dónde cogerlo, salvo el de la imposición de un “relato” (que dicen los modernos)  creado desde el poder dominante y sus medios de comunicación “a” las masas, esto es, de alienación de las mismas, aunque las divergencias sobre ese relato pueden hablarnos de identidades tan diferentes que el propio concepto resulte ridículo en su afán totalitario de imponer ese único relato. En último análisis, los rasgos identitarios los acabaría forjando un grupo para imponerlos a los discrepantes, negándoles su pertenencia al mismo, que es, adhesiones inquebrantables de por medio, lo que está sucediendo en la actualidad.

2. La Constitución y los primeros Estatutos describieron el punto de partida de lo que iba a ser el Estado Autonómico español. Un modelo singular, aunque su resultado final es un modelo de organización territorial del Estado, de claro corte federal, porque se ha desarrollado de manera creciente desde los principios del federalismo. Una estructura que ha permitido combinar los principios básicos de un estado complejo: Subsidiariedad, identidad y cohesión. El modelo autonómico fue la fórmula idónea para construir un Estado moderno y eficaz, sobre la base de la pluralidad identitaria de sus nacionalidades y regiones, a las que dotó de un amplio y sólido autogobierno, en la perspectiva de los modelos federales más descentralizados del mundo. La realidad histórica de nuestro país y la diversidad cultural, social y política de sus comunidades aconsejaban la implantación del modelo autonómico, que fue pieza clave de nuestra Constitución.


Y vuelta a la identidad, como si España hubiera de organizarse ontológicamente, en vez de política y administrativamente: Subsidiariedad, identidad y cohesión son los tres rasgos del modelo autonómico, básicos, según los redactores, para la concepción de un estado complejo como el de las autonomías o federal, porque este baile entre los dos conceptos permite pensar que “ya” somos un estado federal “de hecho”, aunque no “de iure”. Que la identidad se sitúe al mismo nivel que la cohesión y que no aparezca el concepto de solidaridad, no parece un buen comienzo para un proyecto socialista, la verdad.



3. El modelo autonómico español ha sido un éxito. Ha permitido devolver
a las Comunidades que aprobaron estatutos en el pasado, un moderno
autogobierno como el que nunca tuvieron. El autogobierno ha sido,
además, el marco adecuado de encuentro entre las opciones políticas de
esas Comunidades y la única manera de gobernar su pluralidad interna.
El sistema autonómico ha acercado el gobierno a los administrados y la
gestión de los grandes servicios públicos (educación, sanidad, etc.) a los
ciudadanos. Ha aproximado y nivelado la renta y la calidad de vida entre los
ciudadanos españoles, estableciendo una notable aproximación entre los
territorios. Ha sido la España autonómica la que ha construido las grandes
infraestructuras que vertebran y unen a los pueblos y a las ciudades
españolas. Ha sido la España autonómica la que ha consolidado los pilares
de un Estado del Bienestar en el que los derechos básicos ciudadanos a la
educación universal, a la sanidad gratuita, a pensiones dignas, a los servicios sociales, al derecho a la autonomía personal, sean iguales para todos los españoles. Es la España autonómica la que ha configurado un hábitat de  derechos ciudadanos iguales en el desarrollo de nuestra Constitución.

Deberían aportarse datos que permitieran sostener que se ha producido esa nivelación de renta y calidad de vida, estableciendo una notable aproximación entre los territorios. Leído ese párrafo desde Barcelona ciudad pensando en la ciudad de Vitoria o de Bilbao, por ejemplo, resulta una afirmación propagandística sin base real alguna.
Ese hábitat de derechos iguales no tiene en cuenta, por lo que se ve, el sistemático incumplimiento de las resoluciones judiciales de nuestro estado de derecho en que se afirma por activa y por pasiva que el castellano ha de ser lengua vehicular en la enseñanza pública, por ejemplo; ni tampoco que algunas autonomías puedan privatizar los servicios públicos que definen el menguante estado del bienestar. Es una falacia fácilmente refutable el que todos tengamos, en todos los territorios del estado los mismos derechos. Sencillamente, no es cierto.


4. No obstante, la experiencia del funcionamiento del Estado autonómico sigue mostrando problemas de desarrollo que no hemos sido capaces de resolver todavía. Problemas e ineficacias del modelo para ordenar la vida colectiva de un Estado complejo, que inscribe su gobernanza en un nuevo contexto de globalización económica y de una unión política económica y monetaria en Europa. Sobre nuestro debate para perfeccionar el modelo, se sitúan así viejos problemas irresueltos y nuevos problemas que atender.
Un Senado que ha fracasado en su vocación de cámara de representación territorial; un modelo de financiación que sigue produciendo insatisfacciones importantes; la debilidad de los mecanismos de cooperación y de coordinación; una excesiva complejidad y conflictividad jurídica en el reparto competencial y en consecuencia, a veces, una confusa acumulación de instituciones en el ejercicio de prestaciones públicas comunes, entre otros.

¡Estas redacciones! No es la experiencia lo que muestra problemas de desarrollo, sino que esos problemas se deben a la incompetencia y los intereses creados de las fuerzas políticas que han gestionado el Estado autonómico, no tanto a su incapacidad. Decir del Senado que ha fracasado en su vocación de cámara de representación territorial es un disparate mayúsculo, propio de quien tira la piedra y esconde la mano. Que el Senado forma parte de las bicocas políticas a las que  no se quiere renunciar, sería más apropiado.

5. A todo ello se ha añadido, en los últimos meses, un doble y contradictorio
proceso. De una parte, la crisis ha ido acentuando una corriente de opinión
pública crítica con el Estado Autonómico y sensible al viejo discurso
recentralizador y de otra la ruptura del nacionalismo catalán con el marco
estatutario y constitucional y su apuesta abiertamente independentista.


No hay como marcar a nuestra conveniencia los frentes en disputa para poder aparecer au-dessus de la mêlée portando la buena nueva de la propuesta que nos salvará del caos al que indefectiblemente nos condenará esa oposición. Por otro lado, ¿por qué señalar esa ruptura catalana y no hacer lo propio con la vasca, por ejemplo? Más parece que en esta propuesta se ventilen asuntos internos de la familia socialista que auténticos asuntos de Estado que afectan a todos los españoles. El recurso a etiquetar de viejo discurso centralizador las críticas que señalan la casi impunidad de la corrupción política que ha favorecido el Estado autonómico puede contentar a los redactores, pero los aleja de una realidad que parece abogar por la desaparición del bipartidismo, según  las últimas encuestas. Tal formulación sí que responde al viejo discurso bipartidista que está saltando hecho pedazos.

6. Frente a las pulsiones neocentralistas, debemos ser claros: la vuelta atrás del sistema autonómico, no es posible. Administrativamente sería un desastre organizativo y políticamente provocaría nuevas y quizás insuperables tensiones territoriales, poniendo fin a la mejor experiencia histórica de la España plural, construida sobre el reconocimiento de la identidad de sus comunidades sólidamente establecidas, hoy, en su autogobierno. Sencillamente, ese horizonte es inasumible en la España del Siglo XXI. Nos oponemos igualmente a la ruptura del país. No podemos ni queremos contemplar la ruptura de Cataluña con el resto de España. Simplemente nos parece un desastre para todos. Para Cataluña y para España. Los problemas del modelo territorial tienen mejores soluciones.

La primera frase, con ese error sintáctico de 1º de ESO, la separación del  sujeto y el verbo con una coma, nos indica bien a las claras la falta de claridad conceptual y normativa de los redactores. Por otro lado, la amenaza de las tensiones territoriales que seguirían a la recentralización, por el hecho de que la España plural se haya construida sobre el reconocimiento de la identidad, no deja de ser una hipótesis merecedora de ser tenida en cuenta; pero ello no puede ocultar el hecho, cada vez más hiriente, de que se trata de una cuestión, ese reconocimiento identitario, que lo primero que ha tensionado es la sociedad de esos territorios autonómicos que no acepta una sola interpretación de esas supuestas identidades definidoras. O dicho en plata, que la pluralidad del Estado autonómico no se reproduce a escala, y que el florecimiento de las tentaciones rupturistas  con el estado se producen siempre sobre la base no de la imposible única identidad, sino desde la imposición política de dicha identidad administrada por una parte de la sociedad.
Por otro lado, hablar de las pulsiones neocentralistas del Estado de las autonomías, cuando cada autonomía se organiza en función del más descarnado centralismo más parece un sarcasmo que un juicio político. Sucede lo mismo que con los partidos políticos: no existe la pluralidad interna; al que discrepa enseguida se le enseña la puerta de la calle.

7. Un sistema de reparto de competencias confuso y conflictivo. El sistema de atribución competencial establecido en la Constitución y en los Estatutos
de Autonomía es fuente inacabada de conflictos y de confusión. El hecho
de que la Constitución atribuya al Estado un listado de competencias con
carácter exclusivo, (Art. 149), a las CCAA las que establece el Art. 148 y las
que recojan sus Estatutos y al Estado, las no recogidas expresamente en
dichos Estatutos, ha generado una formulación demasiado abierta y nada
clarificada en sus conceptos y origen de una pugna interminable entre
poderes territoriales, de solapamientos e ineficiencias.

¿Dónde está la confusión? La conflictividad sí que se ve enseguida, por los numerosísimos recursos al TC, por parte del gobierno central y de los autonómicos, sobre dichas competencias, pero esa conflictividad es el meollo del sistema, la tensión mínima que ha de soportar un sistema que arbitra la disparidad de criterios como norma básica del sistema.


8. La ausencia de una verdadera Cámara Territorial. El modelo autonómico ha venido funcionando desde su creación con una falla principal: la ausencia de una Cámara de las nacionalidades y regiones que diera a la democracia española, la legitimidad territorial (Art. 2 de la C.E), junto a la legitimidad personal (Art. 1.2 de la C.E). A pesar de que el Art. 69.1 de la Constitución le otorga esa suprema función: “El Senado es la Cámara de representación territorial”, resulta evidente a todas luces que no la cumple.

O mi incapacidad de comprensión en cuanto al Derecho constitucional es absoluta o me han de explicar despacito y con buena dicción que nuestro sistema político carezca de legitimidad territorial por el hecho de carecer de un Senado que sea cámara de representación autonómica y que el edificio constitucional en su conjunta carezca de legitimidad a pesar del artículo 1.2: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. ¿Qué nos quieren decir, desde el PSOE? ¿Qué significa la legitimidad territorial? ¿Qué la soberanía del Estado reside en el pueblo español “y” en los territorios de la nación española? Perdonen la vulgaridad, pero ¿cómo demonios se come eso? Que la suma hermosísima de las tierras españolas sea fuente de soberanía es algo que, ya digo, me resulta difícil de entender, quizás debido a mis fortísimas limitaciones jurídicas, pero creo que los redactores no están más fuertes que yo en el tema, la verdad. ¡Qué sospechosamente parecido es todo este proyecto a aquellos delirios esencialistas de la Constitución catalana que fue el Estatut de Maragall, y que con tanto arte y salero deconstruyó impecablemente Arcadi Espada!

9. Un modelo de financiación inacabado e insatisfactorio Otro de los
grandes problemas del sistema autonómico español es la inestabilidad
y la insatisfacción con el modelo de financiación de las Comunidades
Autónomas. A pesar del progresivo perfeccionamiento del modelo a través
de sucesivos acuerdos entre la Hacienda estatal y las de las CCAA, que han
mejorado la autonomía y la suficiencia de los recursos autonómicos, a pesar
de que se han ido mejorando los mecanismos de nivelación de los derechos
sociales básicos, lo cierto es que el modelo sigue mostrando difíciles
equilibrios y disfunciones entre solidaridad interterritorial y los recursos
propios y entre los resultados financieros de las autonomías forales y las
del régimen común.

Nos vamos acercando al meollo de la cuestión: el reparto de los dineros o, dicho de otro modo, el reparto del endeudamiento. Que se producen injusticias de facto en ese reparto salta a la vista. Que las variantes solidarias que se tienen en cuenta han de afinarse para no dar lugar a agravios comparativos, sobre todo en tiempos de escasez, es lo suyo. Pero intentar descoyuntar el sistema mediante reclamaciones independentistas para no tener que negociar “entre iguales” es el principal obstáculo al que se enfrenta el Estado. Por otro lado, los márgenes de actuación autonómica, con una capacidad de endeudamiento que ha llevado a la consideración de bonos basura de sus intentos de financiación exterior, también ha de formar parte de ese nuevo sistema de financiación.

10. Igualdad y Autonomías. En el ámbito de las políticas públicas de los grandes
servicios del Estado de Bienestar que han sido transferidos a las CCAA:
Educación, Sanidad y Servicios Sociales, preocupa que la descentralización
autonómica produzca diferencias entre los españoles. Es imprescindible
garantizar en todo el territorio del Estado la protección de los derechos
sociales básicos en condiciones de igualdad, esto es, un nivel básico en los
servicios y prestaciones para toda la ciudadanía. Y en el cumplimiento de
los deberes y obligaciones.
¡Ay, caramba! ¿Y a esto no se le ha de llamar pulsión neocentralista, verdad? ¡Qué tremenda hipocresía! De repente todos nuestros males proceden de no disponer de esa inexplicada legitimidad territorial y de no haber gobernado el Estado desde el Senado territorial, y ahora, ¡catacrac!, Loapa que te crió en esos tres ejes que son los que el capricho de los ponentes han querido que sea, pero al que otros, desde otros partidos, podrían añadir otros. ¿Y cómo ha digerido el psC que se garantice la igualdad en el servicio educativo? ¿Cómo se manifiesta esa igualdad? ¿O estamos, como en otras tantas ocasiones, ante una formulación vacía, significantes sin significado?

11. Cohesión territorial. Además de la desigualdad de acceso a los servicios
públicos, resulta también muy preocupante la insuficiencia de los mecanismos
destinados a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales que
persisten en la actualidad y que hasta se han acrecentado en los últimos
años y que se han acrecentado en los últimos años a causa de la injusta
distribución llevada a cabo de los Fondos Europeos. Es necesario avanzar
mucho más en la cohesión entre territorios y en la convergencia regional,
otorgando más relevancia a los instrumentos destinados para ello, como
única manera de garantizar niveles de vida semejantes.

Compárese este punto 11 con el 3 y después que cada cual saque sus conclusiones sobre la escasa distancia que hay, para algunos partidos, entre el agitprop y las supuestas propuestas políticas serias. ¿No se va advirtiendo que en esta propuesta hay más de satisfacción de las diferentes baronías socialistas que una sólida concepción de cómo ha de ser un Estado moderno? Mientras que en el punto 3 todo eran elogios a nuestra arquitectura constitucional, aquí se nos dice que hace aguas por todas partes y que requiere una enmienda urgente, pero no en el sentido que propone el psC de restringir el concepto de solidaridad, sino en el contrario. ¿No se puede llamar a esto, con toda propiedad, estar en misa y repicar?



12. Insuficiente colaboración institucional entre Comunidades Autónomas y
Estado. Otro de los problemas que manifiesta nuestro modelo autonómico
es la falta de cooperación institucional. Ello obedece a la inexistencia en
España de una “cultura política” para la colaboración en las relaciones
intergubernamentales y a la debilidad de los instrumentos de colaboración y
cooperación, tanto verticales como horizontales. La ausencia de esa “cultura
de la colaboración”, propia de los modelos federales y el hecho de que la
Constitución no haya previsto reglas ni técnicas propias del federalismo
para articular las relaciones del Estado con las CCAA y de éstas entre sí,
han generado un grado muy deficiente en la cooperación institucional de
nuestro modelo autonómico.

He aquí la sutileza ambigua de lo que no se explicita pero se quiere dar a entender para defender ante quien reclame que sí se recoge. Una más de esas muestras de funambulismo político al que tan aficionados son los políticos de la vieja escuela, los de la pulsión bipartidista. ¿Qué significa relaciones intergubernamentales? ¿Es el sustituto descafeinado de las relaciones bilaterales que proponía el proyecto del psC? Menos mal que, a continuación, el texto habla de las relaciones verticales y horizontales, para que quede claro que el gobierno central está por encima de los autonómicos. Si ello es así, ¿no sirven para nada, entonces, los diferentes organismos que reúnen a los gobiernos de las CCAA y en los que se deciden asuntos de tanto interés como el propio sistema de financiación? La pregunta que habría de hacérseles a los redactores sería: ¿cómo habéis creado un sistema inoperante? ¿Cómo es que a lo largo de tantos y tantos años de funcionamiento no se os haya ocurrido que necesitaba una renovación?


13. Administraciones Públicas y organización territorial. Debemos continuar
adecuando las Administraciones públicas a la estructura territorial
autonómica. Reordenar el número de Administraciones que operan en
el territorio, clarificar sus funciones, ajustar la Administración del Estado
al modelo descentralizado y revisar las estructuras administrativas de
las CCAA, es una tarea pendiente. Muy relacionado con el problema de
la insuficiente cooperación institucional en nuestro modelo, están las
disfunciones que producen en los ciudadanos (en el ejercicio de sus
derechos o en sus relaciones con las Administraciones Públicas) y en la
actividad económica (unidad de mercado), las diferentes normativas y
regulaciones establecidas por las distintas Administraciones competentes
para las mismas actividades.

Volvemos a los mensajes contradictorios. Hemos, se nos dice, de adecuar la Administración  pública a la organización autonómica, pero a renglón seguido se nos dice que esa dispersión territorial de normativas relacionadas con la actividad productiva, por ejemplo, atenta contra la unidad de mercado que, como cualquier lector comprende enseguida, no tiene NADA que ver con ningún tipo de pulsión recentralizadora o neocentralista… Cada vez me convenzo más que las siglas del PSOE se han de reescribir Partido Socialista Oportunista Español, a juzgar por esa tendencia irrefrenable a adoptar lo que más pueda convenir coyunturalmente en cada momento, en vez de poseer un pensamiento propio que se vaya adaptando al paso de los tiempos. Lo de ahora, en este proyecto, por ejemplo, son bandazos hacia donde se satisfaga a tal o a cual baronía. Nada que ver con un concepto claro y meditado del Estado español con el atraer a los ciudadanos. Donde rige el oportunismo político se pierden todas las oportunidades. Que no se quejen de su desgaste porque un proyecto como el presente es el primero en despojarlos del mínimo de seriedad y de credibilidad que se le puede exigir a una fuerza política.


14. El referéndum estatutario y el Tribunal Constitucional. Efectivamente,
uno de los primeros problemas que debe corregirse es la intervención del
Tribunal Constitucional después del referéndum popular de aprobación
de un Estatuto. Naturalmente no se trata de cuestionar, ni mucho menos
de impedir, la intervención del Tribunal Constitucional para examinar
la constitucionalidad de un Estatuto de autonomía, sino de ubicar el
recurso y la sentencia con anterioridad a su sometimiento a referéndum.
La recuperación singular y excepcional del recurso previo podría ser una
buena solución.

Volvemos a la satisfacción de las partes. Se convino que el recurso previo de inconstitucionalidad era uno de los principales obstáculos del estado autonómico y ahora, para contentar al psC , porque el singular de la redacción no alude a otro proceso estatutario diferente del catalán, se nos dice que conviene rescatarlo, pero sin que ello deslegitime al TC para emitir las sentencias que crea convenientes. No entiendo, dicho sea de paso, que el psC se contente con este redactado cuando en el suyo al TC le estaba vedado sentenciar sobre las autonomías y cuyos miembros, además, eran elegidos por los gobiernos autonómicos.

15. Riesgos de ruptura nacionalista. Pero, quizás el problema más grave surgido
en estos últimos meses, en el desarrollo de nuestro modelo autonómico, sea
la ruptura del nacionalismo catalán con el marco estatutario y constitucional
y su apuesta por la independencia de Cataluña. Esta opción estratégica del
nacionalismo catalán debe ser atribuida a quienes la han tomado. Pero nuestro
diagnóstico sobre los sentimientos y opiniones de la ciudadanía catalana, no debe
olvidar que, han influido en ellos la insatisfacción de los modelos de financiación,
la decepción sobre el desenlace de la reforma estatutaria y las dificultades del
modelo autonómico actual para integrar sus singularidades culturales, simbólicas
o nacionales. Los socialistas no podemos dar por buena esta ruptura. No nos
resignamos. Hemos vivido juntos y queremos vivir juntos. Siempre hemos
dialogado y nos hemos encontrado.

¡Virgen del amor hermoso, qué nivelazo político! Debería analizar con toda la seriedad del mundo los tópicos, las sandeces y las obviedades falaces encubiertas en las afirmaciones de este párrafo, un dechado de insensateces impropias de un supuesto proyecto federal para España. No entiendo que el día a día de la lucha política haya de recogerse en un proyecto de esta naturaleza, y menos aún que se salpique dicho proyecto de expresiones que avergüenzan al más indocto, amén de la vergüenza sintáctica que producen frases tan contrahechas como la que va desde el segundo Pero hasta nacionales, lo que prueba una vez más el escaso respeto a la sindéresis propio de quienes ven con los nublos de la retórica partidista y no con las luces de la razón.
Vayamos por partes: 1. Nuestro diagnóstico sobre los sentimientos y opiniones de la ciudadanía catalana…
¿Pero quiénes se han reunido para elaborar esta propuesta: arúspices, quirománticos, parapsicólogos, augures, videntes televisivos de madrugada…? ¿No es algo así como una presunción descabellada que un partido político sea capaz de elaborar un diagnóstico sobre los sentimientos y opiniones de la ciudadanía catalana? ¿No es, de hecho, caer en el mismo juego que proponen los nacionalistas?                           
2. Los socialistas no podemos dar por buena esta ruptura. No nos resignamos. Hemos vivido juntos y queremos vivir juntos.
¿De quiénes hablan cuando dicen “juntos”? ¿De esa aberrante incongruencia que han ido imponiendo los nacionalistas al hablar de catalanes y españoles, de Cataluña y España, y que con tan absurdo complejo de inferioridad repite Rubalcaba como un mantra? Todo el redactado del párrafo está concebido desde ese dar por buena una realidad política más que alejada de la realidad real. En Cataluña se imponen visiones de lo catalán que se parecen tanto a lo real como Junqueras a un corredor de maratón.


16. Los socialistas queremos abordar estos problemas de la política autonómica
desde una perspectiva constructiva y dialogada, democrática y federalista.
Nuestra voluntad es reafirmar el Estado autonómico avanzando y desarrollando
reformas de naturaleza federal. Creemos que en el federalismo se ubican las
mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones
nacionales que conviven en España, la cohesión social, la igualdad y para
encontrar las mejores respuestas a los problemas de nuestras comunidades
en un Estado integrador y eficiente. A esto responde este documento. A la
definición del pensamiento socialista en esta grave encrucijada. A la respuesta
que el PSOE quiere dar a este grave reto para España.

Es difícil, ciertamente, escribir un párrafo más prescindible. Podríamos tomarlo como ejemplo canónico de cómo puede escribirse sin decir absolutamente nada, y usarlo en las facultades de Ciencias Políticas (que es, en sí, un oxímoron como el Everest).





17. ¿Es necesaria la reforma de la Constitución para abordar la cuestión
territorial? El PSOE considera que la reforma constitucional es necesaria
para adecuarla a las nuevas demandas de la sociedad española y a las
nuevas realidades del Siglo XXI. Hace treinta y cinco años no estábamos
en la UE, ni había INTERNET, ni éramos una sociedad de inmigración, ni
nuestra economía estaba globalizada, ni había una crisis financiera como
la que hay ahora, ni había desarrollado servicios sociales básicos como la
educación, la sanidad o las pensiones. La Constitución española tiene que
adaptarse también por la grave crisis política que sufre nuestro país para
reforzar y relegitimar sus instituciones y sus reglas básicas de convivencia
democrática.
¿De dónde han sacado esta retórica de comercial de electrodomésticos? ¿O de catecismo? Porque este sistema de pregunta-respuesta es la expresión más deleznable de la argumentación. Con esa lógica de comercial, en la que la hipérbole o la enumeratio arrasan con todo, no se les ocurre otra cosa que decir que hace treinta años no teníamos educación, sanidad o pensiones. Por otro lado, ¿qué significa exactamente reforzar y relegitimar sus instituciones y sus reglas básicas de convivencia democrática? ¿Vivimos en una democracia ilegítima, tal vez? La verborrea, el hablar por hablar, la retórica barata de buhonero no puede considerarse, de ninguna de las maneras, pensamiento político. Y si este es el máximo nivel que nos pueden ofrecer desde el PSOE, que no se extrañen si mueren de fracaso, que no de éxito, como creyó FG que les pasaría.

8. La Reforma Constitucional es también necesaria en el ámbito territorial,
porque las correcciones que demanda el modelo exigen la modificación de
las previsiones constitucionales. No es posible, por ejemplo, abordar una
verdadera solución al fracaso del Senado y a la necesidad de una Cámara
territorial, sin una reforma constitucional. Lo mismo puede decirse, como
luego veremos, respecto a la clarificación competencial, o a la desaparición
de las disposiciones transitorias, o a los principios cooperativos o a la
solución a nuestro inacabado modelo de financiación territorial.

De nuevo otro párrafo vacío, expresión, paradójicamente, del horror vacui de sus nescientes redactores, quienes creen que escribir párrafos en los que nada se dice es un decir algo.

19. No se trata de una Reforma que nos sitúe en el comienzo de nuestra
andadura democrática, como si se iniciara un nuevo momento constituyente,
sino como la evolución natural del Estado autonómico, cuyo principal
impulsor ha sido el PSOE. Seguimos creyendo firmemente en ese modelo
de autogobierno profundo, de flexibilidad y singularidades inteligentes y,
seguimos apostando por su desarrollo y evolución que solo puede ser en
la dirección de los modelos federales más perfectos. Lo que no podemos
hacer es quedarnos quietos y asistir pasivos a la quiebra del modelo en
medio de un fuego cruzado de independentistas y recentralizadores.

Ahí vamos con la primera: el proyecto del PSOE es la evolución natural del Estado autonómico. ¿De verdad que el PSOE no tiene nada mejor que ofrecer que unos postulados basados en la darwiniana evolución natural del constitucionalismo? El talante religioso, tan cercano al de los nacionalistas catalanes, se advierte en ese énfasis con que nos dicen que creen firmemente en un modelo cuya descripción no sé si incita más a la risotada o al llanto, gracias a esas singularidades inteligentes que más parecen hablar de la robótica que de la democracia.

20. Por eso, quienes siempre hemos defendido la Constitución y el Estado
autonómico, planteamos actualizarlo y perfeccionarlo en una perspectiva
federal, porque el federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra
organización territorial, como en otros muchos grandes Estados del mundo.
Un modelo federal, cooperativo y pluralista como vía idónea para dar
respuesta a las legítimas diferencias que hoy se presentan desde diversas
comunidades autónomas, sin quebranto de lo que ha de ser el respeto
eficaz al igualitario reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y
a la solidaridad interterritorial. Se trata de conjugar igualdad y legítimas
diferencias, siendo conscientes de que el reconocimiento de estas últimas en
territorios que las presentan en virtud de sus especificidades o de “derechos
históricos” susceptibles del respaldo jurídico que ya les da la Constitución
o porque las fijan sus estatutos, no deben suponer diferencias en lo que a
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se refiere. Mantenemos a ese
respecto una inequívoca voluntad igualitaria desde la que nos oponemos a
todo lo que redunde en un trato discriminatorio a la ciudadanía.

Más propaganda de las bondades del sistema federal y la convicción de que solo él puede perfeccionar nuestro Estado, porque solo él es el modelo definitivo de nuestra organización estatal. Desde ese convencimiento, ¿es posible un diálogo con quien no comulgue con esa convicción? Un proyecto así, que no depende para su instauración de la voluntad de un partido, sino del diálogo con las otras fuerzas políticas, más parece un trágala que una propuesta de negociación. Bien están las diferencias, las singularidades, los hechos diferenciales, las nacionalidades, naciones, reinos, etc., pero, ¡alto ahí a que haya ni una pizquita así de desigualdad en los derechos!, lo que no deja de ser un brindis al sol, porque habitualmente se conculcan derechos lingüísticos de los ciudadanos y no parece que a los redactores les importe lo más mínimo.

20. Las Reformas que proponemos pretenden ofrecer las mejores soluciones
para cumplir dos objetivos básicos: Por un lado, articular un Estado fuerte
y eficaz capaz de dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo y de
garantizar una alta calidad en la prestación de los servicios públicos y, en
condiciones de igualdad para todos; y por otro, garantizar el respeto a la
diversidad y dar respuesta a las demandas de autogobierno de las entidades
que lo componen. Nuestra propuesta tendría por finalidad lograr un Estado
más eficaz, más democrático y más integrador. En definitiva, un Estado
cuya organización territorial responda a una estructura federal.


No sólo seguimos con la verborrea, sino que los redactores no tienen reparo en doblar el punto 20. Al fin y al cabo, qué más da, si se añade a tanta inanidad política, a tanto discurso vacío y propagandístico de las supuestas virtudes de un modelo que queriendo satisfacer a todos no acaba satisfaciendo a nadie, salvo a quien se cree todas las sandeces que en él se escriben sin rubor alguno, como si no hubiera, entre nosotros, Gustavos Buenos que les saquen los colores y los pongan en su sitio: el Hades de la ignorancia y la estulticia.
Choca mucho que ofrezcan la creación de un Estado fuerte cuando venimos leyendo lo importante que es combatir el neocentralismo y la necesidad de legitimar territorialmente el Estado, en igualdad de condiciones con la legimitidad de la soberanía popular del artículo 1.2 de la Constitución. ¿No se acuerdan de lo que han escrito? ¿Es este proyecto una suma de ocurrencias, de eslóganes baratos? ¿Hay detrás de la confección de este proyecto realmente algún constitucionalista o alguien con dos dedos de frente y alguna neurona en ejercicio detrás de ella?

21. Nuestra voluntad es ofrecer esta reflexión y esta iniciativa al conjunto de las
fuerzas políticas con el fin de recuperar lo mejor del espíritu constitucional
de 1978, en la búsqueda del máximo consenso para una reforma tan
importante. Hacemos esta propuesta con la mirada y la esperanza puestas
en el diálogo y en el debate sosegado y productivo que permita dotar a
España de una organización territorial del Estado mejor estructurada,
pensando en los intereses de toda la ciudadanía, en la convivencia pacífica,
en el respeto a la unidad y a la pluralidad territorial, así como en la cohesión
social y estabilidad políticas que necesitamos y que deberíamos poder legar
a nuestras generaciones futuras.

Bien están los buenos sentimientos, pero, como ya he señalado, parecen olvidarse de lo que han escrito antes. Si la solución federal es la única capaz de perfeccionar nuestro sistema, ¿cómo es posible que ahora se descuelguen con que el diálogo sosegado nos permitirá acordar una refundación del Estado autonómico? ¿A quién pretenden engañar?  Tracen enhorabuena, si así lo desean, las líneas que no están dispuestos a traspasar en la negociación para no llamar a engaño a los demás, pero, hecho eso, bien pueden pensar los otros que sus líneas los apartan del deseado encuentro, con lo cual nos quedamos donde estamos: el PSOE federalizando y el PP recentralizando, y los votantes de ambos partidos retirándoles su apoyo en las encuestas.


sábado, 6 de julio de 2013

Hambre, retórica secesionista y solidaridad

                          La realidad cebollera

          Ha sido y continúa siendo una frase hecha, referirse a los catalanistas como gente de la ceba, sin que haya podido, en un simple vistazo al universo googliano, esclarecer el origen de una asociación tan lacrimógena, tan propensa a llorar pérdidas, y tan aldeana. 
          Hoy, sin embargo, me ha venido a la memoria esta expresión cuando he entrado en el supermercado y me ha asaltado un voluntario de una suerte de ONG de barrio que recogía alimentos para nuestros vecinos que pasan hambre, pidiéndome una colaboración. Esta escena es el contrapunto actual más dramático de la retórica del paraíso cerrado para muchos y abierto para pocos que promete el secesionismo catalanista. De repente toda Cataluña se me ha aparecido como una cebolla cuyas capas externas se van pudriendo mientras las del cogollito están fresquitas y sabrosas, sabiendo que tardará en llegarles la descomposición que, con todo, también las amenaza. A la contemplación indirecta del hambre se le ha superpuesto la imagen oronda de Junqueras pidiendo, desde su hermoso y españolazo sueldo -que acepta sin tener ninguna mala conciencia por ello- que seamos independientes para gestionar nuestras supuestas riquezas, esas que, al parecer, saquean los españoles que le pagan, a él y a todos los de su partido, esos sueldazos que meten espanto a quienes, como nuestros vecinos, requieren de nuestra solidaridad para llevarse un plato de comida a la boca.
          Los contrastes forman parte del Barroco, son su esencia, y nacieron en tiempos de crisis económica como la que asoló España desde el Lazarillo hasta Los santos inocentes. Los secesionistas, sin embargo, nos prometen el paraíso en el que la tierra mana leche y miel... Y en medio, este hombre de barrio escogiendo con qué alimentos podría contribuir a paliar esas necesidades perentorias a través del banco de alimentos. Suelo escoger cereales, leche, zumos y garbanzos, porque un buen desayuno es básico para afrontar el día y le da un consuelo excepcional al estómago afligido. Si no pudiera tomarme mi avena con yogur, no podría empezar el día...
          He reflexionado, después, sobre la ideología de quienes han formado esta asociación que, mira por dónde, está asociada con otras similares de otras ciudades y pueblos de España, en un ejemplo de cooperación y relación interterritorial española que me ha parecido la empresa más ilustrativa del desierto que deja a su paso la retórica secesionista en el alma de las gentes. Seguramente contribuiré, dentro de mis posibilidades, con esta organización cuyos voluntarios en ningún caso se dirigían a mí para pedirme que me desentendiera de quienes no han firmado para figurar en las listas del NH Mas, sino todo lo contrario. 
          No todo está perdido. No triunfará el discurso del odio a España y a los españoles. Somos solidarios. La nación no está por encima de las personas ni estas han nacido para estar al servicio de aquella.

domingo, 30 de junio de 2013

Gayxample y nacionalcatalanismo..

La orgullosa interiorización del gueto.

Vivo en el gayxample y estoy encantado de que así sea, aunque también tiene sus inconvenientes, sobre todo los sábados y domingos por la mañana. Dada la gran variedad de gentes que lo habitan, pasearse por este cogollito de calles llenas de tiernas promesas arcoirisadas de delicadeza y lujuria le da al paseante desprejuiciado, como yo lo soy, una sensación de modernidad y liberalidad que es todo lo contrario de ese amilitarado movimiento etnofolclórico del independentismo. Si alguno de los miembros de la gaya comunidad anda bajo de defensas o es, como yo, corto de vista, el paseante complacido puede incluso acabar recibiendo un piropo que, a cierta edad, es como la parte de los ángeles de la viticultura, porque le sube a uno a la gloria de la vanidad. Como soy hermano de gay, he vivido muy de cerca el proceso de reivindicación de la carta de naturaleza social  del colectivo y me siento muy cercano a sus reivindicaciones sociales y, sobre todo, a la perentoria necesidad de penalizar legalmente la defensa de la homofobia, del mismo modo que está penada la negación del Holocausto en Alemania; si bien he discrepado, por ejemplo, de la reivindicación del derecho al matrimonio, por carcunda y tradicional, en la acepción más peyorativa del término.La unión libre e incluso el reconocimiento legal de las parejas de hecho me ha parecido siempre suficiente. Dicho esto, no dejo de reflexionar, sin embargo, sobre el fenómeno paradójico de que este barrio, de tan caras tiendas exclusivas para la comunidad gay, y donde un afeitado cuesta la friolera (del aftershave) de 12 euros, supone, en su concepción, una interiorización del concepto de gueto, algo alejado de lo que ha de ser el verdadero objetivo de la comunidad: no constituir "capítulo aparte" dentro de la sociedad, sino ser parte de ella con el mismo grado de relevancia, visibilidad o combatividad que otros colectivos como los obreros, los estudiantes, los estafados por los bancos, los desahuciados o cualesquiera otros que salgan. Falta, a mi parecer, un querer huir de ese espíritu de gueto que lleva a actitudes excluyentes, propias, como todo el mundo sabe, de los totalitarismos. Me parece que elevar la tendencia sexual a categoría social no le hace ningún bien a la defensa de los derechos del colectivo. Fellini dirigió una película bastante incomprendida, pero radicalmente mala y aburrida, a pesar de su intención ideológica profeminista: La ciudad de las mujeres. A veces, tengo una sensación parecida cuando me paseo por las calles de mi gayxample: Tiendas para gays, restaurantes para gays, hoteles para gays, bares para gays, discotecas para gays, barberías para gays (adinerados, como lo son muchos de ellos, por cierto, cuyo poder adquisitivo ha generado ya paquetes turísticos -y que nadie vea un fácil juego de palabras donde no lo hay...- exclusivos), saunas para gays, etc. Como se advierte, no es difícil hacer un paralelismo con el nacionalcatalanismo que, desde una perspectiva antropológica, aspira a convertir la sociedad en esa suerte de La ciudad de los catalanes -los que ellos acepten como tales, claro-, donde MM, ¡el divino Marcello!, sería un auténtico paria. Esta tendencia, pues, al grupo cerrado, al club exquisito en el que no se admite a cualquiera, es una manifestación de la paradójica interiorización del concepto totalitario de segregación. Entiendo perfectamente que acaso aún no hayamos llegado a la madurez social en la que la orientación sexual de los individuos no haya de ser una bandera de batalla y de vindicación, pero del mismo modo que las sociedades han de tender a la pluralidad no excluyente, los guetos como el del gayxample, aunque sea un gueto de lujo, deberían tender a desaparecer para fusionarse con la vida ciudadana de tú a tú. Mientras, y a pesar de esa desalentadora paradoja, sigue siendo un placer vivir en este barrio, salvo los sábados y los domingos por la mañana, claro.

miércoles, 19 de junio de 2013

La soledad alada del urinario.



El ecosistema lozano...

Llevo muchos días dándole vueltas a la pertinencia de escribir unas breves palabras sobre uno de los animales que menos curiosidad y atención suscitan de cuantos comparten con nosotros el ecosistema urbano. Me refiero a la mosca de urinario, y en ningún caso es metáfora de nada. Este animalejo, de poco a ningún vuelo, suele hallarse adherido, casi con vocación de calcomanía, a la loza de los urinarios verticales, a las paredes de azulejo de los cubículos de los retretes y, a veces, en insólito narcisismo, en los espejos donde hacen muecas terapéuticas quienes se lavan las manos después de miccionar o deponer, los que lo hacen... No suelen amilanarse por la presencia de los humanos y es raro que se desplacen unos centímetros cuando uno se acerca para aliviar la vejiga o abrir las columnas de Morgagni. 
Tienen una fisonomía simple pero interesante, porque se asemejan a aviones de alas triangulares y despegue vertical, como los famosos Harriers. Tienen un punto de aerodinamismo que choca con su tendencia a la inmovilidad, al quietismo molinosiano*; nada que ver con el incesante correveimolesta de otras moscas de salón, terraza, huertas o alcobas, enojosas hasta decir un basta que ni oyen ni ven, excepto que se les atine con la raqueta matamoscas, momento de triunfo cinegético que nos llena de orgullo, como si hubiéramos abatido "à la juancarlina" un poderoso elefante. 
La mosca de urinario tiene, sin embargo su estudioso. Se trata de Carlos Pradera, un desinsectador que ha hecho de su profesión una vocación científica y cuya página web:  http://desinsectador.com/  es un prodigio de información científica de máximo nivel, y en un campo, además, al que poca gente suele dedicarse. En ella fue donde descubrí no sólo todos los secretos morfológicos y biológicos de la mosca de urinario, esa compañía callada, durante las esforzadas, a veces,  operaciones escatológicas, y que no nos abandona aunque diseminemos olores capaces de provocar el vómito en nuestros semejantes. Gracias a Carlos he podido saber que la presencia de nuestra hierática amiga indica escasa limpieza, y ello permite apretar las tuercas al servicio de limpieza del trabajo, por ejemplo. Aunque aparentemente se la ve lisa, la mosca de urinario es peludilla, pero sin llegar a suscitar la ternura del peluche, y es muy probable que si algún deponente agresivo se espanta por su presencia y decide acabar con ella, antes de que la naturaleza lo haga en pocos días, dejará un chafarrinón de sangre negra, como la de ciertas polillas de cocina. Cuesta cogerle cariño, sin embargo. Es demasiado sosa y anodina, aunque, como manifestación vital que es, y por su curioso hábitat, la mosca de urinario bien podría ser emblema pasivo de ciertos caracteres estancados en la fase anal freudiana.
Es extraño encontrarse la mosca de urinario, tan precisamente definida por su hábitat, fuera de él, de modo que quien, a partir de esta reflexión, se sienta movido a curiosidad, ya sabe dónde ha de buscarla, y sabrá que si no la encuentra en su urinario habitual es una excelente señal, y que habrá de frecuentar otros, menos salubres, para observarlas en su medio, si bien dicha observación habrá de realizarse de tal manera que, en el movimiento de acercamiento al urinario vertical no nos confundan, las visitas inesperadas, con los parisinos mangeurs du blanc de los que hablaba John Gregory Bourke en su apasionante Escatología y civilización, con un prólogo de Freud, por cierto, y perdón por esta cita bibliográfica que no pretende la exhibición, sino la información.

*Nota pseudoerudita: Del turolense Miguel de Molinos,  autor de la doctrina "quietista", que no de Miguel de Molina, famosísimo tonadillero exiliado durante la Guerra Civil, que hizo célebre, entre otras, La bien pagá.




miércoles, 12 de junio de 2013

Hechos diferenciales


Tan iguales, tan distintos...

         Camino por las calles del barrio y voy fijándome en las personas, en sus fisonomías, en sus actos, y presto singular atención a sus palabras, unas captadas al vuelo del cruce pasajero, otras oídas durante el tiempo de estar sentado en la mesa de al lado en el café o la estratégica parada para anudarme, sobre un banco público, unos zapatos que previamente he de desanudar para no perder ripio de las inviolables comunicaciones humanas que tan generosamente, por otro lado, se empeñan hoy en día las gentes en compartir con sus vecinos, habituales o esporádicos, al más puro grito de quien cree que gritando las confidencias les añade empaque, importancia. He de reconocer que me siento un extraño absoluto, que entre estas gentes que me rodean y yo hay un abismo insondable, una distancia mayor que la que nos separa de la luna, por poner un cuerpo astral próximo. Comparto con cada uno de esos individuos la pertenencia a la misma especie, me digo; pero ahí entra el viejo Swift enseguida a hacer de las suyas, es decir, a indisponerme contra la idea y a revelarme que acaso seamos especies distintas, como los yahoos de quienes tan distante se siente Gulliver. El desarrollo de la mente humana ofrece una escala bien definida en la que, nos guste o no, ocupamos un puesto determinado. De ese desarrollo podría derivarse  una jerarquía, pero la sociedad, por suerte o por desgracia, no funciona así, y un sistema democrático no premia el conocimiento, sino la alienación. Camino y me cruzo con auténticas miserias de la primera fase de la revolución industrial: misma pobreza, misma ignorancia, misma esclavitud, misma carencia de higiene, mismo alcoholismo, misma desnutrición... y yo voy pensando en  el libro de Cioran, Del inconveniente de haber nacido, que hojeo con la sensación del extraño que se cuela en un convite para el que no va adecuadamente atuendado; y me pregunto si entre la patada en el culo de los hados y comer las migajas del  de los poderosos hay algo en común, además del incomprensible afán de seguir vivos. Es muy probable que nadie sea como otros, que lo más artificial del mundo sea el concepto de pueblo, poroso como pocos. Yo me he escurrido de él. A mis vecinos les inquieta mi presencia y mi incomunicación. Intuyen que soy diferente. Yo los veo a ellos del mismo modo. ¿La peor tentación? Considerar que hay mónadas individuales y mónadas colectivas. Que en la primera habitamos algunos "raros" sueltos; y en las segundas moran (y mueren de semejanza) los demás. ¿Lo chocante de esa visión? Que, frente a los demás, el individuo que se reconoce ajeno y extraño vive su exclusión forzosa como una derrota, y también como un alivio. La realidad es demasiado parecida a la parodia de sí misma. Nada que ver con el humor quijotesco, desde luego.

martes, 4 de junio de 2013

El gato por liebre del psC




PseudoFisking al projecte federalista del PSC*



*Para los visitantes de fuera de Cataluña, les pido disculpas por mi "pereza" a la hora de darfles traducido este texto. A poco que lean, sin embargo, se darán cuenta de que lo entenderán casi a la perfección, por lo que podrán sumar otra lengua a su currículo lingüístico.



Tot prenent les afirmacions que s’hi fan, al projecte de reforma federal presentat pel PSC, faig, al fil de la detallada exposició teòrica, alguns comentaris als quals anomeno pseudofisking perquè, com és sabut, el propòsit d’aquesta tècnica periodística té com a fonament fer escarni de la persona les idees de la qual es comenten, però la meva intenció ha estat la de posar de relleu les possibles contradiccions, incongruències, incoherències i fins i tot disbarats que s’hi poden detectar en aquest projecte que sembla més una reedició de l’Estatut retallat pel Tribunal Constitucional que un projecte nou de trinca, com de seguida veurem. Comencem.
Societats integrades per pobles diferents que acorden construir institucions comunes
Conceptes com “poble” són d’una imprecisió impresentable, tan plens d’idealisme barat com de frareria casposa de poble petit. D’altra banda, com arribem a aquest “acorden” de tan senzilla enunciació i tan complicadíssima realització?
Estats que contenen diferents nacions i per això resulta adequat per a Espanya, formada per comunitats amb consciència de si mateixes, amb història, llengua, cultura i tradicions que configuren una determinada manera de ser i una ferma voluntat d’autogovern
Això de la “determinada manera de ser”, aquest essencialisme que homogeneïtza les manifestacions existencials sense deixar espai a la pluralitat, adobat, a més a més, amb l’atribució de voluntat a la comunitat, tot substituint les manifestacions populars inequívoques mitjançant votacions i/o referèndums, com es processa intel•lectualment sense caure en la superstició, és a dir, en la religió? No vull entrar en allò de la “comunitat amb consciència de si mateixa”, perquè entenc que parlem d’un text que vol ser llei i que es reclama com a racional, raó per la qual cau fora dels nostres judicis.
La Sentència del Tribunal Constitucional que va alterar una llei que havia estat ja sotmesa a la ratificació ciutadà.
Callen, però, que només va ser aprovada pels vots positius d’un 37,23% de la població amb una participació del 48’85, dada que, en cap cas, permet parlar d’una adhesió ciutadana a l’Estatut que s’oferia com el que, després, va ser rebutjat pel Constitucional: la Constitució d’un país independent.
Nosaltres no ens resignem a contemplar impassibles com s’engrandeix una bretxa entre els catalans i la resta dels espanyols, per l’aparició de problemes que no s’han resolt bé, i per tancar aquesta bretxa proposem una reforma federal
Aquesta “bretxa” entre “els catalans” i “la resta d’espanyols” reflecteix un pensament totalitari que no depassa l’ús col•loquial de la llengua, quan a conceptes com “catalans” toca, en nom dels quals es parla com si aquests fóssim una totalitat amb una única ideologia, al més pur estil del pensament nacionalista que diuen no compartir, o “la resta d’espanyols” com si succeís el mateix, una entitat homogènia sense cap pluralitat ideològica. Aquests usos conceptuals cauen de ple en allò tan antic que s’anomena maniqueisme i que és, ho recordo, per si de cas algú ja no se’n recorda, una reducció radical a l’enfrontament de dos conceptes, el be i el mal, que neguen la pluralitat dels molts matisos que hi ha entremig. És evident que des d’aquestes simplificacions matusseres no es poden abordar els problemes de què al paràgraf se’n parla.
Els impulsos de les CCAA no es reflecteixen a l’Estat, perquè no hi ha canals de comunicació entre les diferents CCAA i l’Estat, tasca que pot complir un Senat federal
Que no funcionin els canals que hi ha no vol dir que no n’hi hagi. Podem dir, però, que tal vegada són pocs i ineficients, i que cal una reforma per crear-ne de nous i dotar-los de contingut, tot i que aquest projecte proposa la reforma del Senat en aquest sentit territorial.
El rebuig majoritari a Catalunya a la Sentència sobre l’Estatut, que va alterar la voluntat ciutadana expressada mitjançant referèndum.
Si només van votar al referèndum el 48’85 dels ciutadans, i d’aquests tan sols van aprovar l’Estatut el 37’23% , d’on surten les dades que avalen l’adjectiu “majoritari”? Són aquestes afirmacions demagògiques les que enverinen els discursos i ens allunyen de la realitat-real, que és una modalitat tautològica que només s’ha d’usar en llocs molt concrets del món, allà on el sentiment nacionalista vol imposar “la seva realitat fictícia”.
Ara cal un nou consens constituent que legitimi, reforci i garanteixi una estructura creada amb la voluntat de tots, perquè en cas contrari algunes nacionalitats, allunyades de la interpretació més recent del marc constitucional, podrien desitjar iniciar un camí separat
D’això no se’n diu una “amenaça” o un “xantatge”? O ens avenim tots a obrir un procés constituent, perquè jo (és a dir, aquí s’ha de substituir “jo” pel concepte demagògic que vulgui afegir-hi el demanant, sigui Catalunya, sigui els catalans, sigui la pàtria, sigui la nació, o el primer que se li passi pel cap, tot donant per fet que és incontrovertible i que no admet discussió) ho demano, o agafem els fòtils (1ª accepció en sentit metafòric) i ens en anem per establir el nostre propi procés constituent com a estat independent. Això darrer no ho diuen al text, és evident, però ho donant a entendre de manera clara, perquè aquí hi ha un bon quid de la qüestió: Des de quina legalitat independent, encara per constituir, es convoca un procés constituent de l’estat català?
El principi federal, a través de la mútua lleialtat de totes les parts, ha d’inspirar la solució als problemes existents i ha de resultar compatible amb la diversitat de nacionalitats i regions que integren Espanya i amb el reconeixement d’opcions polítiques i legislatives pròpies de cadascuna d’elles.
Hi ha dues afirmacions aquí. Una d’elles és una tautologia; l’altra, una petició que converteix la nostra constitució en paper mullat. Dir-ne que el principi federal ha de ser compatible amb la diversitat de nacionalitats i regions que integren Espanya val tant com dir que l’aigua és líquida. Passem-ho per alt. Ara bé que federalisme vol dir reconèixer sense més possibilitat d’intervenció jurídica les opcions legislatives de cadascuna d’aquestes regions o nacionalitats equival a establir la independència legislativa de fet.

La reforma del Senat per convertir-lo en un Consell Federal integrat per representants dels governs autonòmics, amb un nombre mínim de tres membres, més un més per cada milió d’habitants. Les seves funcions principals consisteixen a aprovar necessàriament les lleis bàsiques de l’Estat, juntament amb el Congrés dels Diputats, i en dirigir les relacions entre les CCAA, amb l’Estat i amb la Unió Europea (UE). La decisió del Senat sobre les lleis que de fet vénen a delimitar les competències autonòmiques ha de reduir dràsticament els conflictes en la mesura que són les pròpies CCAA les que tenen la decisió al Senat.
El punt més destacat de la reforma federal és la reforma del Senat per adjudicar-li la funció de representació territorial i d’òrgan legislatiu en tot allò referent no només a les competències de las federacions, sinó a “les lleis bàsiques de l’Estat, juntament amb el Congrés dels Diputats”, la qual cosa vol dir que tindríem una doble representació amb diferent legitimitat, però amb un mateix poder legislatiu: el Congrés i un Senat on serien presents “els governs autonòmics” que no són escollits directament,sinó indirectament als diferents Parlaments autonòmics. A més a més, l’esperit parcial i hiperrepresentatiu d’aquest nou Senat no escollit directament pels ciutadans es veu en l’ús del verb “dirigir” per referir-se a allò que ha de ser la relació de las CCAA amb l’Estat i amb la Unió Europea. De fet gairebé dóna per desaparegut el paper essencial del Congrés a la política de l’Estat, dintre i fora, a Europa, i el substitueix per un òrgan no gaire democràtic que es reserva el paper de “director”, tan proper a Directorio, per cert. Sona a sarcasme que aquesta proposta elimini els recursos al Constitucional...
Una clàusula atributiva de competències a l’Estat que atorgui totes les altres a les CCAA
És una manera de veure-ho, és clar. Es limiten les competències de l’estat i la resta queda a lliure disposició de les CCAA que són, d’acord amb aquesta proposta federal, les que remenen les cireres del nou estat, tot deixant el govern central en mera existència testimonial de què... hi va haver una vegada en què a Espanya hi havia un govern central que intentava governar per a tots, però que no se’n sortia...
La consideració de l’Estatut com a Constitució de la Comunitat Autònoma, canviant també el procediment per la seva aprovació, que serà tasca exclusiva de la CA i la limitació del control del Tribunal Constitucional.
Tot acaba sortint: Es va acusar al darrer Estatut de què volia ser la Constitució d’un nou estat i els proposants d’aquesta reforma van acusar als qui deien això de anticatalans i d’antiautonomistes (Arcadi Espada no em deixarà mentir). Ara, caigudes les caretes, després de la nova posició sobiranista de CiU, ja no calen eufemismes estratègics . Ara bé, que tot aquest plantejament federalista ha de veure’s, venint del psC, com a una mena de revenja pel fracàs dels dos tripartits es veu en la demanda d’exclusió del poder del Tribunal Constitucional sobre aquestes “constitucions”.
Pel que fa a la jurisdicció, el Tribunal Superior de Justícia de les CCAA (TSJ) esgotarà els recursos judicials excepte el d’unificació de doctrina que es reserva al Tribunal Suprem.
La independència estatal pre-federal que proposa aquest escrit inclou, per descomptat, l’establiment d’un poder judicial propi que impedeixi judicis contra catalans per part de tribunals aliens, “de fora”, és a dir, un Tribunal Suprem els membres dels quals sembla que estan mancats de llums i de raons per entendre “gent d’altres contrades”, “estrangers”, tot i que siguin “confederats”, les especificitats dels quals només poden ser jutjades per jutges de la terra.
El debat sobre el finançament autonòmic s’ha de desenvolupar en el marc d’algunes regles constitucionals fonamentals clares i acceptades per tots, fins ara inexistents, sense perjudici de mantenir la Llei Orgànica per al seu desenvolupament
Curiosament, malgrat tota l’embranzida secessionista que traspua la proposta , quan arribem a la qüestió dels diners, tan sensible, el text es limita a fer uns suggeriments buits de contingut en els quals es demana bona voluntat i voluntat d’enteniment, i poca cosa més. Dóna per fet que tots els federats arribaran a l’acord sobre aquestes “regles constitucionals fonamentals clares”. No sembla un brindis al sol tot això?
Un canvi en el funcionament de totes les institucions, tant estatals com autonòmiques, integrant en major mesura a les Comunitats Autònomes en les decisions estatals i assumint, en conseqüència, la legitimitat d’aquestes decisions. Aquests canvis, canalitzats fonamentalment a través del Senat, afecten altres institucions estatals, assenyaladament al Tribunal Constitucional. El TC ha estat superat per la quantitat de conflictes de competències, recursos d’inconstitucionalitat i fins i tot qüestions d’inconstitucionalitat de base competencial, i convé corregir les causes d’aquesta situació. D’altra banda, la composició del TC hauria de tenir alguna connexió amb les CCAA, probablement a través del propi Senat federal.
Si el TC molesta, quin ha de ser el remei? Doncs que sigui escollit per les CCAA mitjançant aquest Senat no escollit directament pel poble per tal d’evitar sentències desfavorables o deslegitimadores com la que va patir l’Estatut independentista del primer tripartit
Nació i nacionalitat designen fenòmens socials equivalents, en l’essencial una mateixa forma de consciència col•lectiva d’una comunitat que és a la base i legitima l’organització de les institucions governants. Essent realitats equivalents, la diferenciació s’introdueix principalment per l’estructura política que suporten, perquè la nació se sol referir a la societat d’un Estat reconegut pel dret internacional i la nacionalitat a un Estat federat, un Land o una regió, però en tot cas es tracta d’una distinció convencional, que depèn del context en què s’utilitza. Examinat de manera separada, es pot afirmar que Catalunya o el País Basc són nacions, i contemplades en el conjunt d’Espanya es pot afirmar que aquesta és una nació i aquelles són nacionalitats, o fer un altre tipus d’especificació. En tot cas, es pot afirmar que Espanya és una nació de nacions o bé una nació integrada per nacionalitats i regions, si prenem en compte el grau divers de consciència col•lectiva que hi ha a les CCAA. L’important és que nació i nacionalitats o nació de nacions no són idees contradictòries, excepte si es pretén que cada nació o nacionalitat ha de tenir un Estat independent o que un Estat només pot contenir una nació.
Que una “forma de consciència col•lectiva d’una comunitat” –la qual cosa cau del cantó del jungisme, d’una banda, per via de l’inconscient, i de la ficció conceptual d’altra- serveixi per “legitimar” les institucions de govern és poc menys que una entel•lèquia tan allunyada del empirisme que acaba convertint-la, aquesta “consciència” invisible, inquantificable, intangible i inelegible, en un aval esotèric més proper a les formes del pensament religiós que del sociològic o del polític. L’habilitat per l’embolic conceptual s’expressa admirablement en aquest “eslògan” de la “nació de nacions” que sembla pròpiament inspirat en el dogma de la Santíssima Trinitat, més que no pas en seriosos treballs acadèmics.
En la perspectiva de la reforma constitucional es pot considerar el reconeixement de Catalunya i el País Basc com a nacions, amb un específic tractament simbòlic, institucional i competencial, a més del tractament específic dels fets diferencials, al costat de les altres CCAA que també els tenen. També poden correspondre’ls algunes competències institucionalment rellevants, com el règim local, la policia, la justícia i l’acció exterior, en relació amb les seves competències. En aquest sentit, no hi ha dubte que Galícia, Navarra i Andalusia requereixen també d’un tractament singular.
Bé, i ara comença de debò la classificació de la lliga: primers i empatats a punts: Catalunya i País Basc; i després, a anys llum, el munió dels poulidors, classificats, a la seva vegada, per ordre de suposades legitimitats històriques –de les seves consciències col•lectives, per descomptat–: Galícia, Navarra i, a la cua, Andalusia, com correspon a una nouvinguda. Allò rellevant, però, és que l’”específic tractament simbòlic,institucional i competencial” no vol dir res més que un buidatge de les competències estatals pel que fa al “règim local, policia, justícia i acció exterior, en relació a ble seves competències” que, una vegada passades les lleis per la direcció i aprovació del Senat ja esmentat, converteix, de facto, en estats gairebé independents al suposadament federats, perquè la dimensió de l’administració central es redueix gairebé a zero.
Aquesta unitat complexa requereix que les unitats nacionals que la integren, així com els respectius partits polítics i institucions, no resultin excloents (almenys,no majoritàriament) i siguin capaços de concórrer, des de la diversitat, a la formació d’un expressió comuna superior, que inclogui a tots. És, en el fons el vell lema dels Estats Units: “e pluribus, unum”.
És a dir, que per via contrària, s’obre la porta a que les institucions nacionals (“unitats nacionals” en la terminologia nacionalista d’aquesta proposta suposadament federal, la qual cosa vol dir que sense possibles pluralitats nacionals al seu si) siguin excloents de forma minoritària com, per exemple, va fer el famós primer tripartit amb l’exclusió del PP de la vida política de la comunitat mitjançant declaració “solemne” o el GH Mas amb declaració notarial, per parlar de dues xarlotades d’aquelles que fan època. Ara, en ares de la unitat federal, tots aquest estats independents se’ns diu que formaran una “expressió comuna superior” –de la qual ja ha desaparegut, qui ho havia de dir!, la “consciència” perquè ara parlem de diners i interessos materials–, un acord al qual s’arribarà perquè sí, sense que hi hagi cap renúncia a cap dels postulats dels defensors d’aquesta proposta.
No es tracta de copiar aquests models, que a més presenten diferències notables entre si, sinó d’inspirar-se en ells per trobar solucions vàlides als problemes actuals de Catalunya i Espanya.
Faltava allò de les relacions bilaterals i ja hi fan acte de presència amb aquesta formulació tan benvolguda pels nacionalistes de dividir Espanya pel mig, entre Catalunya i Espanya, tot i que si pensem amb lògica de la teoria de conjunts quelcom grinyola en aquesta formulació que no amaga sinó que exhibeix, sense “tapujos”, aquest convenciment que Catalunya en cap cas és una autonomia dintre d’Espanya, sinó un Estat sense estat que ha de tractar amb Espanya d’igual a igual, tot fent abstracció de la Història, del present i, sobretot, de la pluralitat de concepcions de Catalunya al si mateix de la comunitat que converteixen aquesta de l’”Estat mil•lenari” en una més de les moltes que hi són. Parlar, doncs, dels problemes de Catalunya i d’Espanya com si aquest fossin independents i no estiguessin lligats de cap a peus com a contingut d’una mateixa realitat, és prendre decisions secessionistes, a nivell conceptual, que no contribueixin gaire aquell “acord” federal al qual semblava que s’arribava quasi xiulant i sense despentinar-se.
Les seves funcions consistirien en l’aprovació de les lleis que afecten a les CCAA, en paritat amb el Congrés, en canalitzar la comunicació de les CCAA amb l’Estat respecte a les decisions de les institucions comunitàries i en facilitar la participació de les CCAA en les institucions i organismes de l’Estat que resulten decisius per al conjunt.
La paritat. Heus ací el concepte eufemístic que reforça la pressa del poder central per part de les CCAA, tot dissolent-lo, per via federal, per evitar cap instància que pugui estar per sobre del conjunt federat.
Una solució semblant significaria que el contingut de les lleis bàsiques vindria determinat pel projecte del govern, per l’aprovació del Congrés dels Diputats i per la posterior aprovació del Senat autonòmic, integrat pels governs de les CCAA. El recurs al TC persistiria per als casos extrems però la major part dels conflictes desapareixerien perquè seria bàsic allò que conjuntament al Congrés i la Cambra autonòmica consideren com a tal. Per aquesta mateixa raó, i davant la impossibilitat d’excloure per complet l’existència de reglaments i decisions governamentals de caràcter bàsic en determinades matèries, el Senat hauria igualment de donar la seva aprovació a aquestes decisions governamentals que excepcionalment, per ser bàsiques, resultin obligatòries per a les comunitats autònomes.
Quantes vegades s’ha insistit en aquesta proposta en la idea-força que el Senat reformat, com a contrapoder autonòmic al Congrés, ha de aprovar tot allò que afecta les CCAA? Doncs, una més. Ara s’afegeix que no només el Senat reformat ha d’aprovar conjuntament les lleis bàsiques, sinó també els reglaments, de tal manera que el marge d’actuació del govern central es redueix fins a la desaparició.
Hi ha altres lleis que per mandat de la Constitució tenen una repercussió directa en les CCAA, amb diferent raó i intensitat, i que per tant mereixerien que la seva aprovació comptés amb el vot d’un Senat autonòmic, com succeeix molt clarament amb les normes que regulen el sistema de finançament autonòmic o l’equilibri pressupostari. En tot cas, per evitar inseguretat, convindria que la mateixa Constitució determinés les lleis ordinàries (que només requereixen l’aprovació del Congrés dels Diputats) i les lleis de participació autonòmica (que necessiten també l’aprovació del Senat), que han d’incloure en tot cas a les normes amb caràcter bàsic i que podrien incloure nominalment altres normes rellevants per a les Comunitats. La tècnica més coherent amb la línia exposada seria limitar la intervenció de la Cambra o Senat autonòmic a les lleis que requereixen la participació de les CCAA (les altres serien aprovades només pel Congrés), però en aquelles “lleis de l’Estat de participació autonòmica” la posició del Senat seria igual que la del Congrés. En aquestes lleis, les diferències entre totes dues Cambres es podrien resoldre per una comissió mixta paritària, Congrés-Senat, semblant a la que preveu l’actual art. 74.2 CE, i si tampoc s’arribés a un acord, podria decidir el Congrés per majoria qualificada. Aquesta sortida sembla convenient per evitar una situació de col•lapse legislatiu, quan la nova llei de l’Estat de participació autonòmica resulta realment necessària en opinió de la majoria. En les lleis de participació autonòmica, el Senat manté el dret de veto en cas de desacord.
Un nou afegitó que expressa amb tota claredat la posició de domini de les CCAA en aquest nou disseny de l’estat: “En les lleis de participació autonòmica, el Senat manté el dret de veto en cas de desacord”. Podríem fer una anàlisi del complex d’inferioritat des del que ha estat redactat aquests proposta federal que sembla posar més l’accent en rebel•lar-se contra una situació de injustícia que en construir un nou estat que tingui present la necessitat d’un poder central amb certs poders operatius que puguin permetre la presa de decisions sense la dependència absoluta de l’assemblearisme inoperant a que sembla abocar aquesta proposta.
La legitimitat del Senat no residiria, per tant, en l’elecció popular sinó en el seu caràcter de representació dels governs autonòmics i en la seva capacitat tècnica per abordar els problemes de les CCAA. Ha de quedar clar que, a diferència del Senat actual, el nou Consell autonòmic tindria uns caràcters molt diferents als del Congrés (mancaria del control sobre el govern, seria de composició més reduïda i variable segons les sessions, etc.), perquè justament la seva funció no és duplicar a la Cambra baixa sinó resoldre els problemes polítics en un Estat que necessita coordinar el Parlament i el Govern de l’Estat amb 17 Parlaments i 17 governs autonòmics.
Se’ns proposa, doncs, una mena de càmera senatorial tecnocràtica que depèn, en darrera instància, dels “governs autonòmics”, als quals es concedeixen, per aquesta raó, uns poders que van molt més enllà del seu mandat popular.
Una altra crítica a la reforma del Senat exposada es refereix a la pèrdua de democràcia que suposaria la substitució de l’actual elecció dels senadors per la designació pels governs. La fal•làcia que tanca aquesta crítica es veu clarament substituint la reforma del Senat per la seva supressió. Si es suprimeix el Senat i es deixa només el Congrés dels Diputats com a Cambra elegida pel poble, disminuiria la democràcia? Gairebé ningú raonaria així, perquè la inutilitat del Senat actual fa que la seva desaparició no minvi la democràcia. La legitimitat democràtica ja està al Congrés dels Diputats i el fet que el Senat actual sigui electiu no proporciona al sistema polític ni un gram més de democràcia. La seva substitució per un Consell de les CCAA pot en canvi disminuir els conflictes i millorar el funcionament de l’Estat.
El mateix argument serveix, aleshores, per demanar la supressió d’aquest Consell, donat que la legitimitat democràtica ja és al congrés, on son representats tots el territoris de l’estat. De que calguin nous canals de relació amb el govern central per establir polítiques comunes , se n’ha de deduir que s’hagi d’escollir un Consell amb unes atribucions que ni tan sols té l’actual Senat? I que a sobre s’ha d’escollir al marge dels electors? Ens prenen per tontos, la veritat sigui dita.

El desenvolupament d’aquest model constitucional ha donat lloc a un procés d’igualació substancial dels nivells competencials de les diferents Comunitats Autònomes, caracteritzat per la seva notable complexitat i l’aplicació pràctica ha generat una nombrosa conflictivitat resolta en última instància pel Tribunal Constitucional mitjançant sentències que arriben amb una demora mitjana de vuit anys.
Ací supura la ferida... “el procés d’igualació substancial dels nivells competencials”... Hem tocat en carn viva... Com que no hi ha “fet diferencial” que marqui la jerarquia d’institucions –Com se li acut que Catalunya es pugui posar a l’alçada de Castella i Lleó, si us plau!, o d’aqueixos pidolaires morts de gana extremenys! Un respecte, si us plau!– cal una redefinició de l’estat federat que torni a establir la jerarquia ja esmentada abans.
La Constitució definirà l’abast funcional de les competències exclusives i compartides. De forma particular es definirà l’abast de la competència estatal per establir les bases, limitant el poder estatal a l’establiment de principis o d’un mínim comú denominador en normes amb rang de llei (de participació autonòmica mitjançant el nou Senat) que permetin un desenvolupament posterior autonòmic a través de lleis diferenciades. La possibilitat que el bàsic es concreti en normes reglamentàries o actes d’execució ha de ser excepcional i, en tot cas, sotmesa a l’aprovació per part del Senat d’aquestes decisions governamentals.
El fet que es repeteixin tants aquest pronunciaments sobre la necessitat que aquest Senat reformat que es proposa no pugui sofrir cap imposició del govern central, expressa amb total claredat el punt de partida gens teòric d’aquesta proposta.
Mereix una menció especial, en l’actual context, l’aclariment de les competències autonòmiques en matèria de referèndum i consultes, que hauria, mantenint l’actual configuració de l’art. 149.1.32 ª CE, d’ assumir clarament la possibilitat de consultes de caràcter territorialitzat, modificant en aquest sentit l’actual art. 92 CE.
Ja posats, no ve d’ací afegir una reformeta d’allò dels referèndums perquè el disbarat del “dret a decidir” tingui Carta de naturalesa,tot i que la timidesa del redactat no gossa ni insinuar que aquestes consultes “territorials” puguin servir per decidir trencar aquest Pacte confederal, la qual cosa, per omissió, permetria aquesta interpretació secessionista.
La conveniència d’introduir alguns aspectes de diferenciació, o asimetria, en el repartiment competencial és un dels problemes més complexos que haurà d’afrontar la nova Constitució. És cert que la diversitat que deriva de la diferent realitat de les Comunitats Autònomes per raó de la seva població, geografia, riquesa o cultura política, pot tenir el seu reflex en el diferent ús que es faci d’unes mateixes competències. Un mateix marc constitucional no suposa homogeneïtat en el desenvolupament, si el marc és prou ampli per permetre diverses opcions polítiques. Però també hi ha realitats polítiques, culturals, històriques o geogràfiques, així com col•lectivitats amb un ampli sentit de formar part d’una nació històrica i cultural pròpia (que els constituents van denominar nacionalitats), que justifiquen un tractament constitucional específic, sense que això s’hagi de veure com una concessió de privilegis, com no ho són els drets forals o els drets històrics reconeguts en els Estatuts d’Autonomia vigents. Aquestes singularitats o asimetries no permeten una distinció clara en dos grups, sinó que formen més aviat una escala de caràcters que s’haurien d’incorporar al text constitucional. l Reconèixer en un article diferenciat la competència exclusiva de les Comunitats Autònomes en la regulació del seu règim lingüístic, dins del corresponent marc constitucional i estatutari. l Reconèixer unes competències diferenciades a Catalunya i País Basc en matèria d’organització territorial, seguretat, trànsit i circulació, educació –vinculades a la llengua pròpia-, justícia i acció exterior, en allò referit a les seves pròpies competències. L’abast d’aquestes competències pot remetre’s també a un acord en Comissió bilateral i posterior formalització com a llei orgànica. l Reconèixer la singularitat insular de Balears i Canàries en relació a determinades competències. l Reconèixer la singularitat del Concert per al País Basc i Navarra, sense perjudici del que es digui en l’article corresponent de la part de finançament sobre la quota. l Reconèixer la singularitat de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla quines competències es fixaran en sengles lleis orgàniques. l Els preceptes que reconeguin aquestes singularitats poden ubicar-se al títol corresponent a l’organització territorial de l’Estat, o bé en diverses disposicions addicionals
Que aquesta proposta és, de fet, una actualització de l’Estatut anterior a la interpretació correctora que en va fer el Tribunal Constitucional està més clar que l’aigua de les dessaladores. Nomes s’ha de veure l’ èmfasi constant en la necessitat de diferenciar Catalunya de la resta d’autonomies i en establir –i hi surt aquí per primera vegada, com si se’ls hagués colat per descuit– allò de la Comissió bilateral i la famosa jerarquia que posi a cadascú al seu lloc, de tal manera que “no prendràs el nom d e Catalunya en va”, petició congruent amb allò tan místic-jungià de la famosa “consciència de si mateixa”.
Els nous Estatuts s’aprovaran per majoria reforçada de la Comunitat Autònoma i podrien ser objecte d’un recurs previ d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional que s’hauria d’interposar en un termini màxim de tres mesos des de la seva aprovació i resoldre pel TC també en un termini màxim de tres mesos des de la interposició. Transcorregut el termini per impugnar, si aquesta impugnació no s’hagués produït, o un cop dictada la sentència del TC si es va interposar recurs, i corregits si escau per la Comunitat Autònoma els elements d’inconstitucionalitat apreciats pel Tribunal, l’Estatut se sotmetrà a referèndum. Si el text és aprovat, l’Estatut es publicarà com a llei autonòmica, sent ja inatacable
“Sent ja inatacable”, heus ací el desig bàsic, el rovell de l’ou de tota aquesta proposta que entra en contradicció flagrant amb altres apartats, com quan, oblidant el re-disseny de l’estat confederal que proposa, on el Senat reformat poc menys que té el poder “de facto” de l’estat confederal, torna a témer que el Tribunal Constitucional pugui retallar, amb la seva interpretació, la famosa voluntat d’aquella consciència encarnada en els seus representants escollits al Parlament autonòmic (havia escrit, com errata, autobòmbic, i ja veig que equivocar-se és una altra manera d’encertar, com deia Fritz Perls). Semblen més preocupats pels terminis que per la divisió de poders.
L’administració pròpiament dita de tots els jutges i tribunals, excepte el TS i l’AN, dependrà dels governs de les respectives CCAA. L’Administració del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional dependran del govern de l’Estat
Aquesta insistència en tenir un Tribunal Suprem català, com si els jutges catalans fossin capaços d’entendre millor les formes de delinqüència autonòmiques, de tal manera que no hi hagués una intervenció interessada per part de jutges forans que “no entenen” la idiosincràsia catalana i que poguessin tenir objectius inconfessables, no amaga una intervenció, aquesta sí que interessada, irrespectuosa d’un dels poders bàsics de l’Estat, la independència dels quals forma part dels requisits sine qua non del sistema democràtic.
Garantir la justícia en la distribució dels recursos afegint a la nova formulació transparent del principi de solidaritat la del principi d’ordinalitat, per impedir que les Comunitats Autònomes més dinàmiques perdin incentius a seguir creixent i aportant al conjunt, a través del seu dinamisme.
Sobre el principi d’ordinalitat ja s’han expressat els experts i no paga la pena tornar-hi. Reprendre aquesta demanda fa palesa la “instància de part” de què neix aquesta proposta, la qual en cap cas s’ha plantejat un sistema federal espanyol nou de trinca, sinó una recuperació de l’Estatut suposadament menyspreat per l’Estat.
Regular efectivament els instruments de discussió i acord entre Estat i Comunitats Autònomes en aquest àmbit, reduint la posició tan prevalent de l’Estat en el Consell de Política Fiscal i Financera, i passant l’aprovació de les reformes pel Senat federal.
El buidat de competències del govern central continua implacablement. De nou s’apel•la al poder decisori del nou Senat, format pels governs de les CCAA.
Adoptar una forquilla de distribució dels percentatges de recaptació dels grans tributs estatals (IRPF, IVA, Societats, impostos especials) entre l’Estat i cada Comunitat Autònoma (en funció dels punts de connexió fixats per la llei, considerant adequadament el lloc de generació dels rendiments gravats). Aquesta distribució s’hauria de fer tenint en compte la dinàmica de despesa autonòmica i estatal i valorant especialment la despesa social i la capacitat inversora de les administracions autonòmiques. En conseqüència hauria de significar un creixement rellevant del percentatge actual d’ingressos autonòmics, assumint que aquest increment substitueix d’una sola vegada la dinàmica de constants increments més o menys reduïts en la negociació de cada nou model de finançament.
Ara, però, quan toquem els diners, o els recursos, el tarannà decisori del Senat reformat desapareix i emergeix el “adoptar una forquilla de distribució (...) entre l’Estat i cada comunitat Autònoma”, la qual cosa val tant com l’establiment del famós concert. Amb aquesta bilateralitat en allò que és substancial pel desenvolupament de cada Comunitat Autònoma desapareix el federalisme e pluribus, unum i apareix el “parlem-ne” nostrat,però de tu a tu, deixa’t de federalismes i d’hòsties...
Preveure expressament l’existència del Consell de Política Fiscal i Financera, establint que els seus acords (que resultarien menys rellevants donada l’existència del Senat) s’adoptin per una majoria qualificada que incorpori almenys a tres cinquenes parts de les Comunitats Autònomes i l’Estat.
I perquè s’han de mantenir instàncies que ja han estat substituïdes per d’altres amb més poder executiu?

Preveure l’existència d’agències tributàries consorciades entre l’Estat i les comunitats autònomes que ho sol•licitin, encarregades de la gestió tributària de tots els tributs i de les actuacions de lluita contra el frau.
Agència tributària pròpia, però “consorciada” entre l’estat i les CCAA, la qual cosa ens portaria directament a una mena de Concert,el famós concert, amb tant poca música, del qual encara no s’havia dit ni una paraula.
Establir expressament la inclusió d’una aportació a la solidaritat interterritorial com a nova càrrega de l’Estat en els sistemes de conveni i concert i preveure un sistema de garantia constitucional d’una aproximació gradual de resultats respecte del sistema comú.
Ja ha aparegut el concert, però en companya del conveni, de tal manera que acordar l’un o l’altre es deixarà a petició de cada CCAA
El TC ha estat superat per la quantitat de conflictes de competències, recursos d’inconstitucionalitat i fins i tot qüestions d’inconstitucionalitat de base competencial, i convé corregir les causes d’aquesta situació. D’altra banda, la composició del TC hauria de tenir alguna connexió amb les CCAA, el que és fàcilment articulable a través del propi Senat federal, de manera que la meitat dels magistrats fossin nomenats pel Congrés i la meitat pel Senat. També seria convenient establir algun criteri per elegir bons juristes desautoritzant el sistema de quota dels grups parlamentaris, tot i que és aquesta una qüestió que va més enllà de la reforma federal del sistema. D’altra banda, la pròpia funció del Senat en l’aprovació de la legislació bàsica i de rellevància autonòmica ha de contribuir de manera destacada a la reducció de la conflictivitat en aquest àmbit, permetent al Tribunal Constitucional un enfocament més general i centrat en les qüestions d’especial rellevància per al funcionament del sistema. Amb caràcter general, la reforma del Senat permet canalitzar la participació autonòmica en la composició de la major part d’institucions estatals, coherentment amb el que preveuen diversos Estatuts d’Autonomia en l’actualitat, d’una manera funcional i donant sentit a les actuals previsions de nomenament senatorial de diversos càrrecs institucionals, que podrien mantenir-se o incrementar-se tant a nivell constitucional com legislatiu.
L’enèsima lloa –l’errata em torna a dir que l’ènema té molt a veure amb aquesta concepció del Senat...– al poder del Senat reformat conclou amb un corol•lari previsible: el Senat reformat ha d’escollir la meitat del Tribunal Constitucional per poder tenir vot i veu en un òrgan tan decisiu estatalment. I això tanca l’operació de substitució del poder polític tal com ara l’entenem per un altre en el qual no hi ha gairebé cap poder central que prevalgui sobre els confederats, tot creant un estat de caire assembleari molt difícil de gestionar.