 |
| Qué curiosa criba de personajes, de entonces acá, ha sufrido el Partido... |
Sigamos con la quinta entrega de las apostillas de base al discurso político...
El socialismo democrático tiene que saber *recoger los cambios económicos,
sociales y culturales para asimilarlos y poderlos gobernar, revitalizar
los valores que nos identifican, innovar radicalmente nuestras propuestas y
nuestras formas de organización y actuación, e impulsar, en este nuevo
contexto, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la defensa de la
igual dignidad y **el
reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas.
*En la coletilla de esta frase: “y poderlos gobernar” se
trasluce con asombrosa claridad el espíritu intervencionista y prepotente de
quien se siente llamado a organizar la realidad desde una concepción del poder
casi absolutista, algo que ya se manifestó en la redacción de la
pseudocartamagna catalana, puesto que en todo lo relativo a la nacionalidad
catalana se ha optado por actuar políticamente desde el simulacro, desde la
ficción, antes que desde la realidad. Trasluce, así mismo, el miedo a la
libertad ajena y el desamparo ante lo desconocido y, por ello mismo, temido.
Esos cambios, tópicamente adjetivados, con la tríada inexcusable del
pseudodiscurso político–económico-social-cultural–, se manifiestan, como ha
ocurrido con el 15-M, al margen de la capacidad de los partidos para
“asimilarlos y poderlos gobernar”, y a la que sospechan esa intención, salen
por piernas de la cercanía de los partidos que se les acerquen. Otro tanto
ocurre con movimientos como los antidesahucio, los ecologistas, etc.
**Las coletillas de relleno tienen eso, que aumentan el
volumen del mensaje, pero ya se incurre en la redundancia ya en el sinsentido,
cada vez que nuestras buenas intenciones no nos dejan percatarnos del alcance
exacto de lo afirmado. Que todos seamos iguales ante la ley es algo recogido en
la Constitución, y que no necesita mayores impulsos. Que todos los derechos
sean exactamente iguales es una afirmación arriesgada, porque parece que la
frase dé pie a iniciar una competencia entre derechos que no tiene ningún
sentido, excepto que lo que se quiera afirmar es que todos somos iguales porque
todos tenemos derechos y esos derechos son iguales entre sí, algo, como ya
decía, discutible, y más en estos tiempos de plena expansión de derechos y
drástica restricción de deberes. Poner en pie de igualdad derechos como el que garantiza
la propiedad privada y el inejercible del de la vivienda digna, por ejemplo,
suena casi a sarcasmo. ¿No se trataría, antes bien, de garantizar que los
ciudadanos puedan ejercer sus derechos reconocidos en las leyes?
Para conseguirlo hay que atacar frontalmente la carencia
mayor y más urgente que tenemos: la necesidad de renovar profundamente nuestros
planteamientos en materia de política económica y fiscal. La provisión
universal de servicios públicos de calidad, la reducción de las desigualdades sociales
y los desequilibrios territoriales, el ofrecimiento de oportunidades a todos y
la erradicación de la pobreza no dependen sólo de mecanismos de transferencia
de renta desde las “clases acomodadas” a los “perdedores” de las grandes
transformaciones económicas, pero es evidente que en el centro de nuestra
reflexión económica habrá que situar una profunda reforma fiscal. *La prioridad es también
incorporar a los sectores más débiles de la sociedad en unas mejores
condiciones a una economía que tiene que crecer de forma sostenible. Así, la
inclusión social tiene que ir vinculada a una política de modernización,
competitividad y crecimiento económico, en la que el capital humano, la
formación, la investigación y la innovación tengan un papel central.
*Es admirable el repertorio de buenas
intenciones que se puede desplegar cuando de lo que se trata es de “quedar
bien” políticamente, de decir lo correcto, lo que se espera y aun lo que se
desea que ocurra, independientemente de que tengo poco, algo o nada que ve con
la realidad. Afirmaciones como “que tiene que crecer de forma sostenible”,
cuando ese crecimiento depende de la acción de terceros a los que, por otro
lado, no se les dan los instrumentos legales necesarios para crear empleo,
suena a mensaje vacío, pero congruente con los principios ideológicos, aunque
incongruente con la realidad. Vincular la inclusión social a políticas como las
reseñadas es un contrasentido casi absoluto, porque los sectores más débiles
son precisamente aquellos que nada tienen que ver ni con la formación ni con la
investigación ni con la innovación. Se trata, por lo tanto, de idear otros
planes de inclusión que pasen, en efecto, por la formación, a niveles básicos,
y la reorganización del mapa del trabajo en España, acentuando la necesidad
imperiosa de la movilidad laboral, por ejemplo.
Avanzar hacia un nuevo paradigma de política económica
implica también *un nuevo
conjunto de regulaciones e incentivos a la inversión y a la producción,
que contribuyan más a **una
prosperidad sostenida al alcance de todos. En este momento la renovación
ecológica de los patrones de producción y de consumo es inevitable, y eso tiene
que proporcionar también un gran impulso
al crecimiento económico. Tenemos que saber maximizar la prosperidad satisfaciendo
los criterios de sostenibilidad ecológica y social. Y para ello hacen falta
ajustes y reformas para recuperar la competitividad y garantizar el
mantenimiento y consolidación de los avances sociales conseguidos. ***Unas reformas que pasan por el
acuerdo social y también por la introducción de mecanismos de cogestión en las
empresas, que promuevan la participación efectiva de los trabajadores y sus
organizaciones representativas en los órganos de dirección empresarial.
*Así unidos, los conceptos “regulación” e
“incentivos”, el mensaje que le llega al emprendedor es la decantación
socialista hacia el primero: el intervencionismo; asegurarse un control
exhaustivo de la vida empresarial que, al final, la acaba asfixiando. Si por
algo se caracteriza nuestro país es, precisamente, por la falta de dinamismo de
la actividad económica, lo cual en modo alguno implica que no haya de ejercerse
un control sobre las actividades económicas, todo lo contrario. Pero cuando las
regulaciones se vuelven más un factor de disuasión de emprender un negocio que
de protección del consumidor o del medio ambiente, ¿de dónde saldrá la riqueza
que se quiere repartir?
** La “prosperidad al alcance de todos” es, de nuevo, una
ingenua petición de principio, porque ¿cómo es posible dar por supuesta la
prosperidad si ciertas regulaciones disuasorias la hacen imposible? Por otro
lado, la simplicidad de que esa prosperidad esté “al alcance de todos”, como si
nuestra participación en ella no dependiera de nuestro esfuerzo individual,
¿qué quiere decir exactamente? ¿Que somos hijos del estado paternalista que
velará por nosotros, cubriendo nuestras necesidades pero controlando nuestras
vidas?
*** Hay mantras que se repiten como si tuvieran un poder
incuestionable. Entre ellos está el del “acuerdo social”. Es obvio que la
políticas basadas en acuerdos de los actores sociales son siempre las mejores,
pero no es menos cierto que no siempre se consiguen. Ahí está el último
desacuerdo entre sindicatos y patronal sobre la negociación colectiva para
atestiguarlo. Que la actividad sindical sea de “cogestión” de las empresas no
deja de ser un ideal, pero para que eso suceda así primero han de darse algunos
cambios de mentalidad que aún no se han producido. La idea de que la empresa es
del dueño y de que yo sólo he de defender mis intereses como trabajador me
parece una de las principales rémoras de nuestro país. ¡Ojalá pudiera llegarse
a la cogestión! Para ello han de cambiar no poco las mentalidades de los
sindicatos y de los patronos.
*Pero las reformas
no pueden ser sólo locales, tienen que ser globales. Por este motivo hay que
reivindicar al mismo tiempo una Europa federal capaz de defender el modelo
social europeo y de impulsar una verdadera gobernanza económica común, y una
nueva regulación de los mercados globales para asegurar que la economía esté al
servicio de las personas y de las sociedades.
* Con todos mis respetos: bla, bla, bla…, más una apostilla:
¿De verdad que la economía no está también al servicio de las personas y las
sociedades? Pensar en términos dicotómicos: economía por un lado y personas y
sociedad por otros, revela un pensamiento casi primitivo, a fuerza de simplificación
demagógica. Se precisan análisis más finos que revelen las contradicciones
reales de nuestras sociedades, no lemas de rebotica agitadora que apestan a
naftalina.
Hay que situar en el centro de nuestra reflexión y de
nuestra acción cuestiones como, entre otras, *Renta Básica de Ciudadanía, la fiscalidad
ecológica, la introducción de **tasas sobre las transacciones financieras, la limitación de los
beneficios empresariales cuando se produzcan ajustes de plantillas o
deslocalizaciones, ***la
limitación de las retribuciones de los directivos que tienen que estar también
fuertemente condicionadas por la marcha de la empresa, la introducción
de cláusulas sociales y ecológicas en los acuerdos internacionales de libre
comercio, la lucha contra el fraude fiscal,**** la introducción de mecanismos de garantía hipotecaria que
preserven la vivienda de residencia habitual, la recuperación y revisión
del impuesto sobre el patrimonio, una regulación estatal del impuesto de
sucesiones para evitar una competencia fiscal a la baja, la eliminación de los
paraísos fiscales o la penalización de los movimientos especulativos.
*Esto suena al viejo adagio de comenzar la
casa por el tejado, lo que priva a propuestas semejantes de cualquier viso de
verosimilitud. ¿No resulta más oportuno sugerir cómo y dónde se va a crear la
riqueza que permita esa “Renta básica de ciudadanía”? Damos por supuesto que el
estado del bienestar es el de la redistribución de la riqueza, pero ¿qué ocurre
cuando esa riqueza no es sino un arsenal de deudas que nos tiene agarrados por
el cuello, hipotecados de por vida? La magnanimidad rumbosa de los buenos
sentimientos tiene mucho que ver con un ancestral discurso español de oposición
al trabajo que nos ha llevado a no considerar éste como un valor sólido de
nuestras costumbres, quizás por las excesivas injusticias que comporta, entre
las cuales los misérrimos sueldos no son con mucho la peor. A guisa de ejemplo
expongo el caso del anuncio de las loterías de la Generalitat: un despertador chafado. ¿Dónde queda el
proverbial amor al trabajo y a la “feina ben feta” de los catalanes? Arrumbado
como una reliquia ante ese menosprecio godo del ganarse la vida con el propio
esfuerzo.
** ¿Tasas sobre transacciones financieras que se convierten
en aumentos de los costes que gravan el consumo y que acaban pagando, en buena
lógica, los usuarios de la banca, como un impuesto mediante intermediario?
¿Acaso no somos todos, en mayor y menor medida usuarios de ella?
***Extraña sobremanera esa obsesión por limitar el sueldo de
quienes libremente contratan una remuneración y la ausencia radical del mismo
cuando de lo que se trata es de los sueldos de los políticos, que gobiernan
unas “empresas” endeudadas hasta las cejas y con unas expectativas de
beneficios nulas. Abrir ese melón electoral implica llenarse inocentemente de
tanta vergüenza que más valdría abstenerse de meterse en la tópica camisa de
once varas. El miserable espectáculo de las regalías políticas, los sueldos
sobredimensionados, los privilegios, etc., sí que merecen una reflexión y, al
modo católico, un examen de conciencia, un impulso de contrición y un propósito
de enmienda. No es posible, políticamente, seguir predicando lo contrario de lo
que se practica e incluso posicionarse contra usos que, en última instancia,
responden a la libertad de contratación y ponen en juego recursos generados en
el ámbito privado. Otra cosa es que hablemos de empresas financiadas con
dineros públicos, por supuesto.
**** Es obvio que un informe como el presente no es el lugar
idóneo para explayarse en qué consistirían esas garantías; pero no es menos
cierto que nadie firma un contrato
hipotecario con la amenaza de una pistola en la sien, aunque es probable que se
haya podido abusar de la hipotética ingenuidad de algunos adquirentes, aunque
para la firma de los contratos sólo se requiere el consentimiento de los
firmantes mayores de edad y el compromiso de cumplir lo pactado en el contrato.
¿No es sospechoso de demagogia que en ningún momento se hable de la
irresponsabilidad individual de quienes han querido vivir por encima de sus
posibilidades y han firmado lo que objetivamente era un despropósito financiero
individual o familiar? Establecer esa garantía me parece un mensaje equivocado
que no va en la línea de fomentar la responsabilidad individual, sino en la
tristemente tópica de poner parches a situaciones que requieren otros
planteamientos. En cualquier caso, es cierto que hay innumerables fórmulas de
renegociación de la deuda individual que deben explorarse para evitar desahucios
que son expulsiones a la marginalidad y al fracaso vital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario